Vivas insta a esclarecer la «crisis de seguridad nacional» tras la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha manifestado su pleno respaldo a la instrucción que lidera la Audiencia Nacional tras la imputación de Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno. Vivas calificó la entrada masiva de inmigrantes ocurrida a finales de julio como la crisis de seguridad nacional más grave de la democracia española y subrayó la necesidad de determinar las causas y responsabilidades del suceso.
La decisión judicial, adoptada por la magistrada María Tardón, cita a declarar en calidad de investigado a Pérez Triano para el próximo 18 de noviembre. El exdelegado, quien presentó su dimisión el pasado 28 de septiembre, se encuentra bajo investigación en el marco de la causa que analiza la gestión fronteriza durante los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo el ingreso irregular de miles de personas procedentes de Marruecos.
En declaraciones oficiales, el jefe del ejecutivo ceutí insistió en que el proceso judicial es «esencial para España» debido a la extrema gravedad de los hechos. Vivas señaló que resulta fundamental esclarecer «por qué pasó» y pidió investigar lo que definió como una actitud de «abandono» por parte del Gobierno central ante una situación que comprometió la seguridad del Estado.
La imputación de Pérez Triano constituye el primer hito de relevancia procesal en una causa que se inició en septiembre. Hasta la fecha, la investigación ha contado con diversos testimonios, incluyendo el de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Sanz ha mantenido ante la justicia que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes del asalto masivo.
Vivas concluyó su intervención reafirmando su confianza en la independencia y rigor de la justicia, evitando emitir juicios prematuros sobre la instrucción en curso. No obstante, reiteró que la magnitud de lo ocurrido exige llegar hasta el final de las indagaciones para garantizar la transparencia sobre la respuesta institucional ante la crisis fronteriza.
