La acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha comenzado su desmontaje este jueves, poniendo fin a 40 días de ocupación del espacio público. La decisión de los manifestantes se produce en medio de versiones contradictorias entre los organizadores y la Delegación del Gobierno sobre las causas que han precipitado la retirada, marcada por la proximidad de la campaña navideña y los informes de seguridad ciudadana.
El colectivo inició el levantamiento de las tiendas de campaña tras denunciar haber recibido una comunicación de las autoridades estatales. Según el portavoz de los acampados, la Delegación del Gobierno les advirtió sobre la presunta presencia de delincuentes en el interior de la concentración, instándoles a abandonar la plaza de forma ordenada antes de proceder a un desalojo forzoso. No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha negado tajantemente cualquier tipo de coacción o amenaza, asegurando que el fin de la protesta responde a la propia voluntad del colectivo tras dar por agotadas sus vías de movilización.
Seguridad y preparativos navideños
La continuidad de la protesta, que comenzó el pasado 3 de octubre, se había convertido en un punto de fricción con el Ayuntamiento de Valencia debido a la inminente instalación de la infraestructura navideña. Los informes de la Policía Local ya habían advertido de que la permanencia del campamento resultaba incompatible con los planes de evacuación, aforo y seguridad necesarios para eventos como la pista de hielo y el carrusel, que atraen a miles de personas al centro histórico.
A estas razones logísticas se sumaron preocupaciones en materia de seguridad. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, había manifestado días atrás su inquietud por la presencia de individuos con antecedentes policiales en el entorno de la plaza. En fechas recientes, la Policía procedió a la detención de un hombre de 45 años por presuntas amenazas e insultos de carácter transfóbico ocurridos en el interior del recinto ocupado.
Reacciones institucionales
La alcaldesa Catalá ha valorado positivamente la recuperación del espacio público, subrayando que «la democracia tiene sus cauces» y que no es procedente negociar decisiones políticas bajo la ocupación irregular de la vía pública. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha confirmado que los manifestantes han iniciado la retirada de sus pertenencias de manera pacífica, aunque se ha reportado la presencia de una cantidad considerable de residuos y enseres tras la marcha del grupo.
A pesar del desmantelamiento, los organizadores de la acampada han emitido un comunicado en el que aseguran que esta retirada no implica una renuncia a sus reivindicaciones sobre la emergencia habitacional. El colectivo lamenta que las administraciones no hayan aceptado la celebración de una segunda mesa de negociación y sostienen que se han visto forzados a una «situación límite» para evitar una intervención policial.
Con la plaza despejada, los servicios municipales y las asociaciones de comerciantes del centro histórico iniciarán de inmediato los trabajos de adecuación para la campaña de Navidad, mientras el debate sobre el acceso a la vivienda se traslada ahora fuera del ámbito de la ocupación física de la plaza consistorial.
