La Policía Nacional aprueba un nuevo protocolo que amplía el uso de gases frente al criterio del Ministerio del Interior
La Dirección General de la Policía (DGP) ha validado una nueva instrucción operativa que flexibiliza y extiende el empleo de agentes químicos, específicamente sprays de defensa personal, entre sus unidades. Este documento, firmado el pasado 19 de octubre por la Dirección Adjunta Operativa, se produce en un contexto de disparidad de criterios institucionales, dado que la normativa interna colisiona con las directrices recientes del Ministerio del Interior orientadas a restringir el material antidisturbios tras las críticas por actuaciones policiales en movilizaciones sociales.
El nuevo protocolo, que sustituye a la normativa vigente desde 2013, justifica la extensión de estos medios ante lo que califica como un «incremento paulatino de las agresiones a policías» y un «grave deterioro del principio de autoridad», basándose en las estadísticas de criminalidad. La instrucción consolida el uso de dos formatos del modelo Rass Stream 88: el MK3, para dotación individual, y el MK9, un dispositivo de mayor capacidad con empuñadura tipo pistola diseñado para intervenciones colectivas de orden público.
Una de las novedades operativas más relevantes es la autorización para emplear estos gases en espacios cerrados o interiores, una práctica que hasta ahora contaba con limitaciones. La Dirección General argumenta que los nuevos formatos evitan la dispersión errática por el viento, lo que permite un uso más dirigido. Asimismo, el protocolo avala la combinación de estos agentes químicos con el uso de dispositivos electrónicos de control, conocidos como pistolas táser, ampliando el catálogo de recursos disponibles para los agentes en situaciones de conflicto.
Esta decisión administrativa contrasta con la postura mantenida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en semanas recientes ha recibido presiones de los socios parlamentarios del Ejecutivo para limitar el uso de material de dispersión. La polémica se intensificó tras las cargas policiales durante la huelga general del 11-N, lo que llevó al Ministerio a anunciar una revisión de los medios empleados por las Unidades de Intervención Policial (UIP) para evitar episodios de violencia y garantizar el derecho de manifestación.
Como mecanismo de control y garantía de proporcionalidad, la nueva normativa impone a los agentes la obligación de realizar un control documental exhaustivo tras cada intervención. Los efectivos deberán detallar en el atestado policial el número de descargas efectuadas, las circunstancias de la pulsación y la asistencia ofrecida a las personas afectadas. El incumplimiento de este registro podrá derivar en responsabilidades disciplinarias. Además, el texto desaconseja su uso frente a la resistencia pasiva, personas ya engrilletadas o colectivos vulnerables, salvo en casos de peligro inminente.
Las organizaciones sindicales del cuerpo, como el SPP, SUP, UFP y Jupol, han defendido la vigencia y necesidad de este protocolo. Según los representantes de los trabajadores, la retirada de medios químicos de dispersión obligaría a los agentes a recurrir al «contacto directo» y al uso de defensas reglamentarias (porras), lo que, a su juicio, aumentaría la probabilidad de lesiones graves tanto para los manifestantes como para los policías. Los sindicatos han solicitado al Ministerio un mayor respaldo jurídico y han criticado lo que consideran una «utilización política» de la labor de las unidades de seguridad ciudadana.
