El PP omite las referencias a las denuncias falsas en su programa electoral para el 29-N
El Partido Popular (PP) ha presentado su programa electoral definitivo para los comicios generales del próximo 29 de noviembre con una modificación significativa en su discurso sobre violencia de género. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha eludido cualquier referencia a las «denuncias falsas» en el documento, una cuestión que sí formaba parte central de su ponencia política aprobada en julio de 2025, donde el partido se comprometía a ser «implacable» contra este fenómeno.
En el programa actual, las propuestas de los populares se concentran en el punto 28, centrado exclusivamente en la protección de las víctimas y la eficiencia administrativa. El PP propone que los dispositivos de vigilancia de las órdenes de alejamiento pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, bajo supervisión continua de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el plan incluye dotar de más medios a las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de reforzar la protección de los hijos de las víctimas.
Este enfoque contrasta con el ideario actualizado hace solo unos meses, cuando la formación defendía la aplicación de la prisión permanente revisable para reincidentes y abogaba por no «criminalizar a los hombres por el mero hecho de serlo». En aquel momento, la ponencia política del PP subrayaba la importancia de perseguir el uso fraudulento de la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG), una línea discursiva que ha desaparecido de la oferta electoral presentada para el 29-N.
La omisión ha provocado la reacción de organizaciones civiles como la Fundación en Defensa de Hombres Maltratados (FundaHOM). A través de sus canales oficiales, la entidad ha cuestionado si este cambio de rumbo responde a un cálculo estratégico de cara a las urnas o a una renuncia definitiva a los postulados de su ponencia de julio. La fundación ha instado al partido a aclarar si, en caso de gobernar, retomará la persecución activa de las denuncias instrumentales.
En el espectro político, Vox ha aprovechado este movimiento para reafirmar su posición. El partido de Santiago Abascal ha incluido en su programa de gobierno la derogación de las leyes de género vigentes, argumentando que han fracasado en la protección de las mujeres y han generado inseguridad jurídica para los varones. Vox propone sustituir el marco normativo actual por leyes que, aseguran, evitarán la criminalización de la población masculina y abordarán de forma integral la violencia en el ámbito familiar.
El programa del PP, por el contrario, apuesta por la continuidad institucional mediante el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la integración de los servicios asistenciales autonómicos en el sistema VioGen. Con esta propuesta, los populares buscan garantizar la «fiabilidad» del sistema y eliminar espacios de desprotección jurídica para las mujeres, situando la gestión técnica y policial por encima del debate ideológico sobre la veracidad de los testimonios.
El debate sobre la incidencia de las denuncias falsas en España carece de un consenso estadístico definitivo. Mientras los datos de la Fiscalía General del Estado sitúan este fenómeno en el 0,01% de los casos basándose en las condenas de oficio, estudios alternativos y expertos en derecho de familia señalan que la brecha entre las denuncias presentadas y las condenas finales —solo un 25% terminan en sentencia condenatoria— sugiere una realidad más compleja que la reflejada en las cifras oficiales.
