Una sentencia del TJUE contra la concesión de nacionalidad por inversión fundamenta una petición ante la Eurocámara sobre la Ley de Nietos
La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a los programas de adquisición de nacionalidad ha derivado en una iniciativa ciudadana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La denuncia, presentada por el ciudadano Juan Gallego, solicita la investigación de la denominada Ley de Nietos española, actualmente en tramitación, basándose en una sentencia de abril de 2025 que anuló un programa de naturalización en la República de Malta por incumplir los tratados fundacionales de la Unión.
El fallo judicial del pasado 29 de abril de 2025 determinó que el programa institucionalizado de Malta para inversores, denominado «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment», suponía un incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro. Según el tribunal, este procedimiento transaccional se asemeja a una «comercialización de la concesión de la nacionalidad», afectando directamente al estatuto de ciudadano de la Unión Europea y contraviniendo el principio de cooperación leal.
La sentencia establece que la actuación de Malta vulneró el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que regula la ciudadanía común y los derechos asociados de libre circulación, residencia y voto. Asimismo, el tribunal señaló la infracción del artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), que obliga a los Estados miembros a asistirse mutuamente y a evitar cualquier medida que ponga en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
En el marco de la denuncia presentada ante las instituciones europeas, se argumenta que la soberanía nacional en materia de nacionalidad no es absoluta. El demandante hace referencia a la doctrina establecida en la sentencia Micheletti de 1992, la cual estipula que, si bien la definición de los modos de adquisición de la nacionalidad corresponde a cada Estado, dicha competencia debe ejercerse siempre bajo el respeto al Derecho de la Unión.
El tribunal recoge en sus fundamentos que la Comisión Europea ya había advertido en el año 2020 sobre los riesgos de estos programas. La Comisión alegó que la nacionalidad de un Estado miembro es el único requisito para acceder a la ciudadanía europea, un estatus que conlleva derechos políticos y civiles fundamentales para la participación democrática. Por tanto, cualquier uso de esta facultad que se perciba como una explotación del logro común de la ciudadanía podría ser objeto de sanción.
La petición dirigida al Parlamento Europeo busca que se determine si la legislación española en trámite se ajusta a estos criterios de proporcionalidad y respeto al acervo comunitario. La investigación solicitada pretende esclarecer si los procesos de naturalización masiva o flexibilizada bajo la nueva normativa podrían comprometer el equilibrio institucional y el estatuto fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea.
