El Gobierno inicia el proceso para la jubilación anticipada de las camareras de piso a los 60 años
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha los mecanismos administrativos y jurídicos necesarios para permitir que las cerca de 175.000 camareras de piso en España puedan acceder a la jubilación anticipada a los 60 años sin sufrir penalizaciones en la cuantía de su pensión. La ministra del ramo, Elma Saiz, confirmó durante un encuentro con el sector en Palma la activación de una doble vía normativa que busca reconocer la penosidad de esta actividad, lo que convertiría a este colectivo en la primera profesión altamente feminizada en integrarse en este régimen especial de retiro.
La estrategia del Ejecutivo se articula a través de dos ejes de actuación diferenciados. El primero consiste en una reforma de urgencia del Real Decreto 1299/2006 para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, incorporando de manera explícita las patologías musculoesqueléticas derivadas de movimientos repetitivos y manipulación de cargas habituales en esta labor. El segundo eje se basa en la aplicación del Real Decreto 402/2025, mediante el cual una mesa de expertos analizará los índices de siniestralidad y el desgaste físico del colectivo para fijar los coeficientes reductores que permitan adelantar la edad ordinaria de jubilación.
La modificación del catálogo de enfermedades profesionales permitirá que lesiones en hombros, codos, antebrazos y muñecas sean tratadas directamente como contingencias profesionales. Este cambio garantiza que las trabajadoras perciban el 75 % de su base reguladora desde el día siguiente a la baja médica, sin requerir periodos de cotización previos y evitando el litigio jurídico que actualmente enfrentan muchas empleadas para demostrar el origen laboral de sus dolencias.
En lo que respecta al retiro anticipado, el expediente de las camareras de piso será el primer encargo prioritario de la nueva comisión técnica creada por la Seguridad Social. Este organismo deberá evaluar mediante indicadores objetivos si los riesgos de la profesión pueden ser eliminados mediante cambios en las condiciones del puesto o si, por el contrario, la naturaleza de la actividad justifica la reducción de la edad de retiro. De ratificarse esta condición, el colectivo se sumaría a una lista de profesiones con regímenes especiales que incluye a mineros, bomberos, policías locales, artistas y personal de vuelo, entre otros.
Desde el ámbito sindical, la Federación de Servicios de UGT ha calificado esta medida como una cuestión de justicia social, subrayando que el objetivo es evitar que el desgaste físico acumulado derive en una precariedad económica durante la jubilación. Las organizaciones de trabajadores han advertido que mantendrán la vigilancia sobre el cumplimiento de los convenios y la medición de las cargas de trabajo en los establecimientos hoteleros, factores determinantes para la salud laboral del sector.
Para las empresas hoteleras, este nuevo marco normativo conlleva una mayor responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. El reconocimiento de estas patologías incrementará la trazabilidad estadística de la salud de las plantillas y obligará a la implementación de medidas ergonómicas específicas, como el uso de camas elevables. El incumplimiento de estas disposiciones de seguridad podrá acarrear recargos en las prestaciones por parte de la Inspección de Trabajo que podrían superar los 25.000 euros anuales en los casos más graves.
Actualmente, el sistema de la Seguridad Social ya contempla coeficientes reductores para diversas actividades debido a su peligrosidad o insalubridad. Entre ellas figuran los trabajadores del mar, los profesionales ferroviarios que desempeñan tareas de alto riesgo, los agentes forestales y la Policía Foral de Navarra. La inclusión de las camareras de piso supondría un hito en la protección social de los sectores de servicios, tradicionalmente alejados de estos mecanismos de anticipación de la edad de jubilación.
