Marlaska ordena investigar las cargas de la huelga general y prohíbe el uso de gases antidisturbios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de una investigación interna para analizar las cargas policiales registradas durante la pasada jornada de huelga general. La decisión viene acompañada de una instrucción directa que prohíbe el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta en las intervenciones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), tras constatar el Ejecutivo que algunas actuaciones podrían no haberse ajustado a los principios de proporcionalidad exigibles.

La medida se produce en un contexto de fuerte presión política sobre el titular de Interior, quien ha sido reprobado en seis ocasiones por las Cortes Generales durante la presente legislatura. A pesar de las imágenes de los enfrentamientos y el malestar expresado por los socios parlamentarios de coalición, como Podemos, Frente Amplio y ERC —quienes han solicitado formalmente su dimisión—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su confianza absoluta en el ministro, calificándolo como uno de los mejores perfiles de la democracia en su ramo.

Desde el sector socialista del Ejecutivo se ha deslizado la hipótesis de que el ministro podría estar siendo objeto de un movimiento de contestación interna por parte de determinados mandos policiales. Fuentes de la formación señalan la existencia de discrepancias previas y sugieren que el rigor de las cargas durante la huelga general podría responder a un intento de comprometer la estabilidad de Grande-Marlaska al frente del departamento, tras los recientes desencuentros por la gestión de informes reservados y el desconocimiento de causas judiciales que afectaban a la cúpula policial.

Las organizaciones sindicales, por su parte, han anunciado el inicio de acciones legales por lo que consideran un «uso indebido» de la fuerza. La respuesta del Ministerio, que desautoriza operativamente el uso de material que había sido blindado en un protocolo aprobado hace apenas un mes, ha profundizado la brecha entre el despacho del ministro y las unidades operativas. La tensión institucional se hizo visible este viernes durante el aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, donde se evidenció un distanciamiento protocolario entre Grande-Marlaska y la Dirección General del cuerpo.

A las críticas por la gestión de la huelga se suman otras controversias recientes, como las cargas contra manifestantes del sector educativo en Madrid y la falta de comunicación fluida respecto a investigaciones de la Audiencia Nacional sobre las fronteras de Ceuta. El Gobierno, no obstante, insiste en que las reprobaciones parlamentarias no alterarán la composición del gabinete y apela a esperar los resultados de la investigación oficial para esclarecer si hubo extralimitaciones en el ejercicio de la autoridad durante las protestas.

La prohibición del material antidisturbios supone una rectificación en la política de orden público del Ministerio, que busca rebajar la tensión con sus aliados parlamentarios de cara a la próxima cita electoral del 29-N, en la cual el ministro concurre como número cinco en la lista por la circunscripción de Madrid. El debate sobre la proporcionalidad policial queda así instalado en el centro de la agenda parlamentaria, a la espera de que el departamento de Interior ofrezca las conclusiones del expediente informativo abierto a la Dirección General de la Policía.