El Gobierno regula la protección social de los deportistas de élite para garantizar su acceso a la jubilación
El marco normativo español incorporará nuevas medidas para corregir los vacíos en la cotización a la Seguridad Social que afectan a los deportistas de alto nivel. A través del Real Decreto 739/2026, que entrará en vigor el próximo 25 de diciembre, la administración busca subsanar la desprotección de aquellos atletas que, tras dedicar sus años de mayor rendimiento a la competición internacional, se encuentran con dificultades para completar los periodos mínimos de carencia exigidos para percibir una pensión contributiva íntegra.
Esta medida legislativa responde a una problemática recurrente en disciplinas olímpicas y deportes minoritarios, donde los años de entrenamiento y competición intensiva no siempre se han traducido en una relación laboral formal con derecho a cotización. Según los datos analizados en foros institucionales, el desfase en la vida laboral de estos profesionales genera una brecha que dificulta el acceso a las prestaciones de jubilación al finalizar su carrera activa.
Durante un reciente encuentro organizado por el Comité Olímpico Español (COE), destacados exdeportistas han expuesto la precariedad de su situación previsional. Pedro García Aguado, campeón olímpico de waterpolo, señaló que tras 14 años en la élite deportiva, su historial de cotización actual apenas supera los 20 años. A sus 57 años, el deportista advirtió que, bajo el régimen general actual y sin las correcciones normativas previstas, se vería obligado a prolongar su vida laboral de forma excepcional para alcanzar el 100% de la base reguladora.
La situación es compartida por otros referentes del deporte nacional como Valentí Massana, medallista en marcha atlética, o Fermín Cacho, oro olímpico en Barcelona 1992. Cacho, retirado en 2003 a los 33 años, representa el perfil de atleta que, a pesar de haber alcanzado el máximo reconocimiento institucional, ha enfrentado décadas de incertidumbre sobre el reconocimiento de su actividad profesional de cara al sistema público de pensiones.
El nuevo decreto pretende establecer mecanismos de compensación para estos periodos de vacío, asimilando la dedicación deportiva de alto nivel a periodos cotizados o facilitando convenios especiales. Con esta reforma, el Estado busca equiparar la protección social de los deportistas con la del resto de trabajadores, reconociendo que la representación deportiva internacional constituye una actividad de interés público que no debe penalizar la futura estabilidad económica del atleta en su etapa de retiro.
La iniciativa ha sido recibida con cautela por el sector, a la espera de conocer el desarrollo reglamentario que determinará los requisitos exactos para acogerse a estas medidas correctoras. El objetivo final de las Cortes y el Ejecutivo es cerrar una brecha histórica en el sistema de protección social que ha afectado especialmente a quienes han competido fuera de las grandes ligas profesionales de alto volumen de ingresos.
