La precariedad legislativa histórica condiciona la jubilación de los deportistas de élite anteriores a 1992

El exjugador internacional de baloncesto, Fernando Romay, ha denunciado públicamente el vacío legal que afectó a la generación de deportistas de élite en España durante las décadas de los 70 y 80. Debido a la normativa vigente en aquel periodo, los atletas de alto nivel no tenían permitido cotizar a la Seguridad Social, una situación que actualmente les impide acceder al cien por cien de su pensión de jubilación a pesar de haber mantenido carreras profesionales prolongadas.

La problemática radica en la figura jurídica de los deportistas antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Según explica el exjugador del Real Madrid, los atletas eran considerados «amateurs» a efectos de protección social, a pesar de desempeñar una actividad profesional de facto y cumplir con sus obligaciones tributarias. Esta falta de reconocimiento laboral se fundamentaba en las normas de los organismos internacionales, que prohibían la participación de deportistas profesionales en competiciones olímpicas o europeas.

Romay detalla que, en su caso particular, desarrolló su carrera en la primera división desde 1978 hasta 1993 sin posibilidad de generar derechos de cotización. El sistema de la época obligaba a los deportistas a elegir entre la protección social y la representación nacional. «Si cotizaba por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos ni con la Selección», ha señalado el exatleta, subrayando que muchos deportistas fueron encuadrados de forma anacrónica en epígrafes destinados a artistas o toreros para intentar salvar estas carencias.

Las consecuencias de este marco normativo se manifiestan décadas después, en el momento del retiro laboral. Al haber cumplido los 65 años, figuras icónicas del deporte nacional se encuentran con que sus años de máxima actividad no computan en la vida laboral. Para obtener la pensión completa, muchos de estos exdeportistas se ven obligados a extender su actividad profesional actual para cubrir los años de carencia que el sistema no les permitió registrar en su juventud.

El colectivo de afectados, apoyado por expertos en derecho deportivo, reclama que se articule un mecanismo legal que reconozca los periodos de tributación previos a 1992 como años de cotización efectiva. La reivindicación busca subsanar la paradoja de una generación que fue profesional para la sociedad civil y el fisco, pero que permaneció invisible para el sistema de previsión social debido a las exigencias del amateurismo deportivo internacional de la época.

Este escenario de desprotección finalizó formalmente con la profesionalización total del deporte español tras la cita olímpica de 1992, momento en el que se regularizó la integración de los deportistas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Sin embargo, para los atletas que desarrollaron el grueso de su carrera antes de esa fecha, el perjuicio económico persiste en el cálculo de sus prestaciones actuales.