La sostenibilidad del sistema de pensiones se sitúa en el centro del debate político ante la cita electoral del 29N
A medida que se aproxima la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la viabilidad del sistema público de pensiones se consolida como uno de los ejes fundamentales de la agenda institucional en España. Las reflexiones de figuras de la política nacional, como el expresidente del Gobierno Felipe González y el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, han vuelto a cobrar relevancia al plantear visiones contrapuestas sobre la gestión del Fondo de Reserva y la estructura de las cotizaciones en un contexto de cambio demográfico.
El expresidente Felipe González ha defendido históricamente la vigencia de un sistema público de reparto, calificándolo como un compromiso «moral y keynesiano». No obstante, el exmandatario socialista ha advertido sobre la necesidad de adoptar una «conducta reformista permanente» para evitar el agotamiento de los recursos públicos. Según su perspectiva, la evolución económica y demográfica del siglo XXI obliga a considerar modelos mixtos que garanticen la dignidad de las prestaciones sin comprometer la estabilidad presupuestaria del Estado.
En este sentido, González ha señalado que la Seguridad Social podría incurrir en déficit si no se ajustan los presupuestos a la realidad actual, rechazando las promesas de soluciones definitivas a largo plazo que no contemplen revisiones constantes. Esta postura ha contado en foros técnicos con el respaldo de voces como la de Marcos Peña, expresidente del Consejo Económico y Social (CES), quien en su momento destacó que el cambio en las categorías de empleo exige una atención prioritaria a la financiación y organización del sistema para proteger a los sectores más desfavorecidos.
Desde una posición crítica con el modelo vigente, Albert Rivera ha planteado la incertidumbre que genera el sistema de reparto para las generaciones actuales de cotizantes. El exlíder de la formación naranja ha sostenido que la estructura actual carece de garantías judiciales blindadas frente a futuras decisiones parlamentarias que pudieran reducir la cuantía de las prestaciones en función de la disponibilidad de la caja pública. Rivera aboga por una transición hacia modelos que ofrezcan mayor transparencia sobre el ahorro individual de cada trabajador.
La propuesta de reforma hacia una gestión basada en la información clara sobre lo cotizado —donde cada autónomo o empleado por cuenta ajena conozca su capital acumulado— busca, según sus defensores, tratar al ciudadano como un «adulto» dentro del sistema. Este enfoque contrasta con la defensa del modelo de solidaridad intergeneracional pura, situando al legislador ante el reto de equilibrar los derechos adquiridos con la capacidad impositiva y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Ante la cercanía de los comicios, el debate técnico y político sobre si mantener el modelo actual o transitar hacia un sistema mixto se perfila como un factor determinante para el electorado. La necesidad de una reforma que atienda tanto a la organización como al gasto será uno de los puntos clave que las distintas formaciones deberán clarificar en sus programas para la próxima legislatura.


