La Fiscalía Europea investiga el contrato de Igualdad para las pulseras de control telemático
La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre la licitación del servicio de seguimiento telemático para el control de agresores de violencia de género, adjudicada por el Ministerio de Igualdad en octubre de 2023. Las pesquisas se centran en un posible fraude relacionado con el uso de fondos de la Unión Europea y en las modificaciones técnicas introducidas en los pliegos de condiciones, que supusieron el relevo de Telefónica como prestador del servicio tras años de gestión.
El contrato en cuestión fue licitado en julio de 2023, tres días antes de las elecciones generales, con un presupuesto base de 42,6 millones de euros. De esta cuantía, 4,6 millones procedían de fondos europeos destinados a la adquisición de 22.800 nuevos dispositivos. La adjudicación definitiva se otorgó a la unión temporal de empresas formada por Vodafone España y Securitas Direct por un importe de 35,2 millones de euros, tras la decisión de Telefónica de no concurrir al concurso.
El cambio de proveedor estuvo motivado por la introducción de nuevas exigencias técnicas por parte del departamento que dirigía Irene Montero. La principal novedad consistía en la funcionalidad de «sistema multiagresor», que permite vincular a varios agresores a un mismo dispositivo de protección en caso de que una víctima tenga diversas órdenes de alejamiento simultáneas. Telefónica, que gestionaba el servicio desde 2021 mediante un contrato de 36,7 millones de euros, trasladó al Ministerio su objeción sobre la viabilidad técnica de esta prestación, alegando que su tecnología no permitía cumplir con dicho requisito.
A pesar de las advertencias del anterior adjudicatario, el Ministerio de Igualdad mantuvo las condiciones tras realizar un estudio de mercado que concluyó la existencia de soluciones capaces de operar bajo ese modelo. Victoria Rosell, entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, defendió la medida argumentando la necesidad de evitar que las víctimas portaran múltiples dispositivos. No obstante, fuentes técnicas han señalado que la casuística de víctimas con múltiples agresores bajo control telemático es estadísticamente residual.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía Europea, recabó documentación el pasado 12 de noviembre tanto en la sede del Ministerio de Igualdad como en el Tribunal de Cuentas. Esta actuación se produce tras un informe del órgano fiscalizador, aprobado en septiembre, que detectó deficiencias en la planificación de los contratos de 2018, 2021 y 2023. El Tribunal de Cuentas cuestionó el uso recurrente de la tramitación de urgencia, señalando que la Administración conocía las fechas de finalización de los contratos con antelación suficiente para evitar dicha vía.
El nuevo contrato, que también incorporó el seguimiento de las medidas derivadas de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, ha presentado dificultades operativas tras su puesta en marcha. La investigación europea busca determinar si los cambios en las especificaciones técnicas y el manejo de los fondos comunitarios se ajustaron a la normativa vigente o si existieron irregularidades en el proceso administrativo que derivó en la exclusión de facto de la tecnología utilizada hasta ese momento.


