La Fiscalía apoya la reducción de las costas procesales impuestas al ex fiscal general Álvaro García Ortiz
La Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha emitido un informe favorable al recurso presentado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la cuantía de las costas procesales fijadas tras su condena por revelación de secretos. El Ministerio Público sostiene que el procedimiento no revistió una «especial complejidad» que justifique el abono de cerca de 40.000 euros en concepto de honorarios legales.
La impugnación se dirige contra el decreto que aprobó definitivamente la tasación de costas en 39.009 euros, de los cuales 38.508 euros corresponden a la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, representante del empresario Alberto González Amador. La Fiscalía argumenta que la resolución debe ser revocada al considerar que la motivación ofrecida para mantener dicha cifra no cumple con las exigencias legales de proporcionalidad y adecuación.
Según el escrito remitido a la Sala de lo Penal, la tasación de costas no debe ser un acto «mecánico o automático», sino que requiere una valoración específica de la necesidad de los conceptos repercutidos. En este sentido, Sánchez Conde señala que la relevancia institucional del cargo que ostentaba el condenado o su condición de aforado no transforman automáticamente la causa en un proceso de alta complejidad técnica.
El Ministerio Fiscal incide en que ni el volumen documental manejado ni la duración del juicio —que se prolongó durante apenas dos semanas— justifican la cuantía fijada. El informe subraya que la condición de aforado del recurrente únicamente determina la competencia del Tribunal Supremo, pero no altera la naturaleza del objeto procesal ni la dificultad intrínseca de la defensa jurídica.
García Ortiz fue condenado previamente por un delito de revelación de datos reservados a una multa de 7.200 euros y a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de fiscal general. Asimismo, la sentencia impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al perjudicado, además del abono de las costas procesales que ahora son objeto de controversia.
La representación de la Fiscalía concluye que el decreto impugnado utiliza referencias genéricas al volumen de actuaciones y a incidencias procesales sin exteriorizar los criterios concretos que permitan comprender por qué se considera razonable una minuta de tal magnitud. Con este paso, la Sala de lo Penal deberá decidir si ajusta a la baja los honorarios del letrado de la acusación particular.


