miércoles, noviembre 18, 2026
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Congreso aprueba ley de seguridad ferroviaria y ayudas Urda

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles dos reales decretos leyes clave: el relativo a las medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales, y el paquete de ayudas directas destinado a los afectados por el accidente de Urda (Toledo). Mientras que el decreto de seguridad contó con el voto en contra de Vox, las medidas de indemnización y apoyo económico fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

El decreto de seguridad ferroviaria, aprobado originalmente por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre, surge como respuesta a las demandas de los colectivos profesionales tras el siniestro de Urda. La nueva normativa dota a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) de mayores competencias de supervisión e inspección, reduciendo la dependencia de los sistemas de control internos de las operadoras ferroviarias. Entre las novedades técnicas destaca la limitación estricta de la jornada de conducción a un máximo de seis horas, incluyendo en este cómputo las maniobras y las pausas inferiores a 45 minutos.

En el ámbito de la protección laboral, la norma modifica la Ley del Sector Ferroviario para facultar a los maquinistas y al personal de seguridad a interrumpir la marcha o no iniciarla ante situaciones de riesgo grave e inminente, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes. Asimismo, establece canales de denuncia confidenciales para comunicar riesgos operativos y extiende los coeficientes reductores para la jubilación anticipada a los trabajadores que operan en la Red Ferroviaria de Interés General, buscando equiparar sus condiciones laborales independientemente de la empresa para la que presten servicio.

Respecto al segundo decreto convalidado, las ayudas para las víctimas y familiares del accidente de Urda contemplan una cuantía de 72.121,46 euros por fallecimiento y escalas de entre 2.404 y 84.141 euros por lesiones, dependiendo de su gravedad. Según ha defendido el vicepresidente primero y titular en funciones de Transportes, Carlos Cuerpo, estas prestaciones tienen carácter complementario y pretenden ofrecer una respuesta económica inmediata, permitiendo el abono de anticipos sin esperar a la resolución definitiva de los procesos judiciales en curso.

Durante la sesión, el debate político ha estado marcado por la gestión ministerial tras el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre, donde fallecieron 69 personas tras la colisión de un tren AVE contra un convoy de Iryo detenido en la vía. El Partido Popular ha vinculado la siniestralidad ferroviaria reciente con la situación administrativa del Ministerio de Transportes, mientras que el PNV ha reprochado el retraso en la adopción de estas medidas. Por su parte, las formaciones de izquierda han instado al Ejecutivo a reforzar el control público sobre el modelo ferroviario nacional.

La normativa de seguridad incluye disposiciones que entrarán en vigor de forma diferida, permitiendo a las empresas y administradores de infraestructuras adaptar sus gráficos de conducción a las nuevas exigencias de descanso hasta mayo de 2027. En cuanto a las prestaciones sociales para los damnificados de Urda, el decreto garantiza que las bajas médicas derivadas del suceso sean consideradas accidentes de trabajo, lo que asegura la percepción de la prestación desde el primer día y una mejora en las cuantías de las pensiones de incapacidad o supervivencia.

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