El Tribunal Supremo confirma la prisión permanente revisable para tres miembros de los DDP por el asesinato de un joven en Madrid
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena a prisión permanente revisable para tres integrantes de la banda juvenil «Dominican Don’t Play» (DDP) por el asesinato de Gabriel Kraus, un joven boxeador de 20 años. El alto tribunal avala así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmando que el crimen estuvo agravado por la pertenencia de los acusados a una organización criminal y por la alevosía en su ejecución.
Los hechos, que ya cuentan con sentencia firme, se produjeron el 19 de agosto de 2021 en la calle Sánchez Pacheco de Madrid. Los condenados —Óscar Brayan V.S., José Luis B.S. y Josué Mauricio S.M.— atacaron a la víctima tras interpretar como una provocación el uso de la expresión «suwoop», vinculada a bandas rivales. No obstante, el proceso judicial ha acreditado que la víctima no pertenecía a ninguna organización de este tipo.
El tribunal ha desestimado los recursos de casación presentados por las defensas, que cuestionaban la valoración de la prueba y la participación individual de cada acusado. El Supremo subraya que la condena se fundamenta en una motivación suficiente, basada en el criterio de un jurado popular que consideró probada la autoría y la integración de los acusados en la banda DDP, declarada judicialmente como organización criminal.
La sentencia describe una secuencia de «alevosía sobrevenida». Según el relato de hechos probados, los acusados acudieron al lugar armados con un machete de 60 centímetros y un cuchillo de grandes dimensiones. Tras un altercado inicial en el que la víctima intentó defenderse, los tres agresores iniciaron una «lluvia de golpes indiscriminados» aprovechando su superioridad numérica y el uso de armas blancas para asegurar el fallecimiento del joven.
En el ámbito jurídico, la resolución refuerza la doctrina de la coautoría en delitos cometidos por grupos criminales. El Tribunal Supremo sostiene que no es necesario que todos los integrantes ejecuten materialmente la herida mortal para ser considerados autores, siempre que su contribución al plan común sea relevante. «La actuación de los acusados se integra en un plan ejecutado de manera conjunta», señala el fallo, lo que justifica la aplicación de la máxima pena privativa de libertad prevista en el Código Penal.
Además de la pena de prisión permanente revisable, los magistrados han confirmado la obligación de los condenados de indemnizar con 220.000 euros a los familiares de la víctima. Este caso se suma a las condenas previas de varios menores de edad que también participaron en la agresión, cerrando así la vía judicial ordinaria para los miembros adultos del grupo involucrado en el suceso del barrio de Prosperidad.
Finalmente, la resolución hace hincapié en la aplicación del artículo 570 bis del Código Penal, que regula los delitos cometidos por organizaciones criminales. El Tribunal Supremo concluye que la ejecución del asesinato se realizó dentro del marco de actividad de la banda DDP, lo que eleva el reproche penal y valida la aplicación de la agravante que conlleva la pena de prisión permanente.


