Tolón defiende la legalidad del alquiler de su VPO ante el análisis del expediente por parte de la Junta
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha manifestado este miércoles que ha cumplido con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el arrendamiento de una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad situada en Toledo. La ministra ha salido al paso de las informaciones periodísticas que cuestionan la existencia de la autorización administrativa preceptiva para dicha actividad en un inmueble sujeto a protección pública.
Durante su intervención previa a una jornada sobre el futuro educativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Tolón ha insistido en que su proceder ha estado marcado por la «total transparencia» y la ausencia de lucro especulativo. Según ha explicado, tanto la adjudicación como el posterior alquiler del inmueble se ajustaron a la normativa vigente y siguieron las recomendaciones de una asesoría jurídica.
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que se encuentra estudiando el expediente administrativo relacionado con la vivienda de la ministra. La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha precisado que, tras una primera revisión, no consta que se produjera una «autorización como tal» para permitir el arrendamiento. No obstante, Padilla ha señalado que sí existe una comunicación registrada en el año 1999 en la que Tolón solicitaba información sobre los requisitos necesarios para poner el inmueble en alquiler.
Ante la controversia generada, la ministra ha informado de que se ha puesto en contacto personalmente con la Junta de Comunidades para «aclarar cualquier cuestión que no esté clarificada». Tolón ha defendido la integridad de su gestión y ha rechazado cualquier acusación de irregularidad, subrayando que en esta operación ha habido «cero especulación» y que se ha seguido el cauce institucional para asegurar la regularidad de la situación.
El caso ha cobrado relevancia debido a la naturaleza protegida del inmueble, lo que implica restricciones específicas sobre su uso y comercialización. Mientras la titular de Educación reitera haber cumplido con sus obligaciones, la administración autonómica mantiene abierta la revisión técnica de los documentos históricos para determinar si la consulta realizada en 1999 y los pasos posteriores se ajustaron a las exigencias legales que rigen las viviendas de protección oficial.


