El golpe del 24 de marzo de 1976 clausuró la democracia argentina, pero la crisis venía de antes. El país llevaba meses atrapado en una espiral de violencia, fractura política y deterioro institucional que había dejado al Gobierno sin control real.
El peronismo, lejos de actuar como un bloque compacto, era ya un campo de batalla interno. A un lado, las organizaciones armadas; al otro, la reacción parapolicial y un Estado cada vez más erosionado, incapaz de sostener la legalidad y de frenar la descomposición.
Por eso, medio siglo después, el golpe de 1976 no puede leerse como un episodio aislado. Fue la culminación de un proceso más largo, marcado por errores políticos, responsabilidades compartidas y una quiebra del orden constitucional cuyas consecuencias todavía atraviesan la memoria argentina.
Un retorno esperado que terminó en tragedia
El regreso de Juan Domingo Perón en 1973, tras diecisiete años de exilio, despertó en Argentina una movilización social de enorme magnitud. Para buena parte del país, aquel retorno simbolizaba la posibilidad de cerrar una larga etapa de proscripción, violencia y fractura. Pero la jornada que debía escenificar la reconciliación nacional terminó convertida en una de las imágenes más sombrías de la época.
La masacre de Ezeiza dejó al descubierto que el peronismo ya no era un movimiento cohesionado, sino un espacio atravesado por tensiones ideológicas, disputas de poder y estrategias incompatibles. Sectores enfrentados del propio movimiento se tirotearon ante una multitud, en una escena que condensó la ruptura interna que venía incubándose desde años atrás.
Aquel episodio no fue un accidente aislado. Funcionó como el primer gran aviso visible de una dinámica de violencia política que ya avanzaba sobre la vida pública argentina y que, con el tiempo, acabaría erosionando todavía más la capacidad del sistema para sostener la legalidad democrática.
La infiltración ideológica y la deriva armada
Tras el golpe de 1955, el peronismo proscrito evolucionó sin la presencia física de su líder y en un contexto de fuerte radicalización regional. En ese escenario emergieron corrientes que interpretaron la política desde claves revolucionarias y que asumieron la violencia como instrumento legítimo de transformación.
Entre ellas destacaron Montoneros, que combinó identidad peronista con una lectura ideológica influida por la izquierda revolucionaria, y el ERP, de perfil abiertamente marxista-leninista. Ambas organizaciones recurrieron a la lucha armada incluso en etapas de vigencia constitucional, alimentando una espiral que deterioró el espacio público y debilitó aún más las instituciones.
El informe de la CONADEP, publicado en Nunca Más en 1984, dejó constancia de ese clima previo al golpe al señalar que la sociedad argentina vivía una espiral de violencia que minaba las bases del Estado de Derecho. Ahora bien, desde una perspectiva jurídica y democrática, esa violencia jamás puede utilizarse como coartada para justificar la ruptura constitucional ni, mucho menos, el posterior terrorismo de Estado.
La respuesta de la extrema derecha: la Triple A
La degradación no procedió solo de las organizaciones armadas. Desde el otro extremo ideológico actuó la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una estructura parapolicial que convirtió la violencia clandestina en una herramienta política. Sus acciones incluyeron asesinatos selectivos, amenazas, atentados y persecuciones contra militantes, intelectuales y opositores.
Lo decisivo es que esa maquinaria no operó al margen del poder, sino con cobertura estatal y en un contexto de connivencia institucional que aceleró la degradación del propio Estado. La violencia ilegal dejó así de ser solo un fenómeno externo para instalarse en las entrañas del aparato público.
Ese dato resulta central para entender lo que vino después. El golpe de 1976 no irrumpió sobre un orden estatal intacto, sino sobre una estructura que ya había empezado a vulnerar sus propios límites legales, morales e institucionales.
Isabel Perón: legitimidad sin poder real
María Estela Martínez de Perón asumió la Presidencia en 1974 tras la muerte de Juan Domingo Perón. Su llegada a la jefatura del Estado tuvo un evidente peso histórico: se convirtió en la primera mujer del mundo en ejercer como presidenta por elección popular. Desde el punto de vista formal, su legitimidad democrática era indiscutible.
Otra cosa distinta era su capacidad real para gobernar. Su mandato quedó pronto condicionado por la falta de liderazgo político autónomo, por las luchas internas del peronismo y por un entorno institucional en plena descomposición. El Gobierno aparecía cada vez más cercado por la crisis económica, la violencia y las contradicciones de su propia base de apoyo.
Con todo, hay un hecho que no admite matices: Isabel Perón fue una presidenta constitucional derrocada por la fuerza. Su caída no fue la corrección de una anomalía, sino la destrucción del orden democrático. A eso se añadió su posterior detención durante más de cinco años, una circunstancia que supuso una vulneración evidente de garantías fundamentales.
El golpe de 1976: una ruptura jurídica absoluta
El 24 de marzo de 1976 se consumó una quiebra total del orden constitucional. La junta militar desplazó por la fuerza a la presidenta, disolvió el Congreso, suspendió derechos fundamentales y sustituyó la legalidad vigente por un sistema de normas de facto. No se trató solo de un relevo de poder, sino de una demolición deliberada de la arquitectura democrática.
Desde la teoría constitucional, aquel paso supuso una ruptura radical del principio de legitimidad democrática y del propio Estado de Derecho. La fuerza se impuso sobre el voto, y la lógica militar reemplazó a los mecanismos de control, representación y responsabilidad propios de cualquier sistema constitucional.
Terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad
La dictadura instaurada tras el golpe no se limitó a perseguir adversarios políticos con métodos excepcionales. Organizó un sistema represivo de carácter sistemático que incluyó desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, tortura, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de menores. La represión dejó de ser un exceso disperso para convertirse en una política de Estado.
Con el paso del tiempo, esos hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, conforme al derecho internacional consuetudinario y a una doctrina consolidada mucho antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. La gravedad de estos actos no reside solo en su escala, sino en que atacaron a la población civil desde las propias estructuras del poder público.
La jurisprudencia argentina ha sido clara en este punto. En el caso “Simón”, resuelto por la Corte Suprema en 2005, el tribunal afirmó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía. Esa línea enlaza con precedentes internacionales como Barrios Altos vs. Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, y con el principio de ius cogens, que impide legitimar desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones mediante
El Juicio a las Juntas: un precedente global
La recuperación democrática abrió en Argentina un camino excepcional en el derecho comparado. El Juicio a las Juntas, celebrado en 1985, marcó la primera vez que un país sometía a los máximos responsables de su propia dictadura a tribunales ordinarios y dentro de su propio sistema judicial.
Aquel proceso concluyó con la condena de los principales jefes militares y dejó una huella jurídica, política y moral que trascendió las fronteras argentinas. No solo dio una respuesta institucional a los crímenes del régimen, sino que instaló una referencia mundial para la justicia transicional y para la idea de que incluso los aparatos represivos más poderosos pueden rendir cuentas ante la ley.
La repercusión de ese juicio fue profunda. Inspiró procesos posteriores en América Latina, influyó en el desarrollo del derecho penal internacional y anticipó mecanismos que más tarde aparecerían en tribunales como el de la ex Yugoslavia o la propia Corte Penal Internacional.
La deuda de memoria: Isabel Perón y el relato histórico
A diferencia de otras figuras centrales de la historia argentina reciente, Isabel Perón ha quedado en una posición incómoda y marginal dentro de la memoria institucional. Tras su liberación fijó su residencia en España y su figura quedó envuelta en un reconocimiento limitado, atravesado por la polémica y por la dificultad de encajarla en los grandes relatos políticos sobre los años setenta.
No existe una exclusión absoluta y uniforme de su recuerdo en todos los espacios públicos, pero sí un consenso amplio en torno a su reconocimiento insuficiente y controvertido. Esa ambivalencia dice mucho de una memoria histórica selectiva, capaz de iluminar unas responsabilidades y relegar otras a una zona gris de incomodidad política.
Autocrítica pendiente y responsabilidad histórica
Analizar con rigor el colapso argentino de los años setenta exige resistirse a las simplificaciones. El peronismo no ha completado una autocrítica plena sobre su fractura interna, sobre la convivencia conflictiva de corrientes irreconciliables ni sobre el espacio que ocuparon en su seno las lógicas de radicalización y violencia.
Pero tampoco sería serio ignorar el contexto anterior. Desde 1955, la persecución política, la proscripción y la inestabilidad institucional alimentaron una acumulación de tensiones que nunca llegó a resolverse por cauces plenamente democráticos. El golpe no nació de una sola causa, sino de una larga cadena de errores, exclusiones y enfrentamientos.
Precisamente por eso, la memoria democrática exige una mirada exigente y completa: una que no reparta absoluciones fáciles, pero que tampoco diluya la responsabilidad esencial de quienes destruyeron el orden constitucional y organizaron después un régimen criminal.
Lecciones a cincuenta años
La democracia puede erosionarse desde dentro
Una de las enseñanzas más claras de aquella etapa es que la democracia no siempre cae de golpe. A veces se debilita lentamente, entre polarización extrema, pérdida de autoridad institucional, violencia política y descrédito del sistema. Cuando el poder civil deja de ofrecer respuestas eficaces, la tentación autoritaria encuentra terreno fértil.
La violencia nunca legitima la ruptura del orden constitucional
Ni la insurgencia armada ni la represión ilegal pueden presentarse como atajos aceptables frente a una crisis. El Estado de Derecho se define precisamente por su capacidad para responder dentro de la ley, incluso en escenarios de máxima tensión. Cuando ese límite desaparece, lo que se impone ya no es el orden, sino el abuso.
Los derechos humanos son un límite infranqueable
La experiencia argentina dejó una verdad jurídica y moral de enorme fuerza: el terrorismo de Estado constituye la negación más profunda del sistema democrático. Ninguna razón de seguridad, estabilidad o interés nacional puede justificar desapariciones, torturas o apropiaciones de menores.
La justicia transicional es posible
Argentina demostró además que los crímenes masivos pueden ser perseguidos judicialmente y que la impunidad no es un destino inevitable. Esa apuesta por la justicia, con todas sus dificultades y retrocesos, convirtió al país en una referencia internacional y reforzó la idea de que la memoria democrática necesita verdad, reparación y responsabilidad penal.
Un aniversario que sigue interpelando
El golpe de 1976 no fue inevitable, pero tampoco cayó del cielo. Fue el resultado de una convergencia de crisis políticas, sociales e institucionales que arrastró al país hacia una ruptura de enorme magnitud. La complejidad de ese contexto ayuda a entender el proceso, pero no puede servir para relativizar lo esencial.
Lo esencial es esto: se derrocó a un gobierno democrático y se instauró un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad. Cincuenta años después, la enseñanza sigue intacta. Sin instituciones sólidas, sin límites efectivos frente a la violencia y sin una memoria pública capaz de asumir responsabilidades, la democracia continúa siendo vulnerable.
