Vox justifica su rechazo a la prórroga de los alquileres por el riesgo de «inseguridad jurídica» a largo plazo

El portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso de los Diputados, Carlos Hernández Quero, ha defendido la posición de su grupo parlamentario tras el rechazo al decreto ley que buscaba prorrogar los contratos de alquiler y limitar al 2% la subida de los precios. Aunque el diputado ha admitido que la medida podía beneficiar «puntualmente» a los inquilinos en el corto plazo, ha argumentado que la norma supondría un perjuicio estructural para el mercado inmobiliario debido a la inseguridad jurídica que, a su juicio, provoca la destrucción de la oferta disponible.

La derogación del decreto ley, impulsado originalmente por Sumar, se produjo el pasado martes tras sumar los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Durante su intervención en el programa ‘Parlamento’ de RNE, Hernández Quero calificó la propuesta gubernamental como un cambio normativo «repentino y brusco». Según el portavoz, este tipo de intervenciones generan desconfianza entre los propietarios, quienes optan por retirar sus inmuebles del mercado de arrendamiento ante la incertidumbre legislativa.

Para fundamentar su postura, el diputado de Vox aludió a la literatura académica, sosteniendo que existe una correlación directa entre la inseguridad jurídica y el descenso de la oferta de vivienda. Hernández Quero señaló que desde el año 2020 se ha evaporado más de la mitad de la oferta de alquiler en España, lo que explicaría el incremento sostenido de los precios. «Cuando se genera inseguridad jurídica, el arrendador siente incertidumbre y saca su vivienda del mercado», aseveró, añadiendo que al finalizar las prórrogas extraordinarias, la restricción de la oferta sería aún más acusada.

En cuanto a las soluciones propuestas por su formación, el portavoz detalló un plan basado en tres ejes: el fomento de la construcción de vivienda libre, la ampliación del parque público y el control de la demanda. Sobre este último punto, Vox vinculó la tensión en los precios a los flujos migratorios, citando datos que estiman un déficit de 700.000 viviendas frente a la llegada anual de 600.000 personas, mientras la producción nacional se sitúa en unas 90.000 casas al año.

Finalmente, Hernández Quero abogó por implementar medidas fiscales disuasorias contra la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión extranjeros y grandes corporaciones. La propuesta consiste en establecer impuestos elevados para estas entidades con el objetivo de que los pequeños propietarios puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado de compraventa. Según el portavoz, esta medida no debe calificarse de intervencionista, sino de una herramienta para equilibrar la competencia en el sector.