El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparecido este jueves ante el Congreso de los Diputados para detallar los términos del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Según ha revelado el titular de Exteriores, el nuevo marco normativo permitirá a las autoridades españolas supervisar por primera vez el movimiento de mercancías y personal en la base militar británica, además de suponer la supresión física de la Verja y la integración del Peñón en el espacio Schengen.
La entrada en vigor del acuerdo, inicialmente prevista para el 10 de abril de forma temporal, se ha pospuesto finalmente al 15 de julio tras una decisión unánime de los Veintisiete en la última cumbre europea. Este aplazamiento tiene como objetivo permitir que el texto cuente con la ratificación formal tanto del Parlamento británico como del Parlamento Europeo. Albares ha calificado el pacto como un «acuerdo histórico» que busca garantizar la estabilidad y prosperidad de los 300.000 ciudadanos andaluces que residen en el Campo de Gibraltar.
En el ámbito aduanero y fiscal, el acuerdo establece que las autoridades españolas realizarán los trámites de las mercancías con destino a Gibraltar. El Peñón quedará obligado a implantar un impuesto indirecto general, equivalente al IVA, con un tipo mínimo que nunca será inferior al aplicado por cualquier Estado miembro de la UE, fijado actualmente en el 17% de Luxemburgo. Este sistema se aplicará de forma progresiva durante un periodo de transición de tres años, comenzando con un 15% el primer año, hasta alcanzar la convergencia tributaria requerida.
Asimismo, el pacto contempla la creación de un órgano consultivo independiente encargado de analizar los precios y ventas en la región para evitar distorsiones significativas en la competencia. En caso de detectarse anomalías, Gibraltar estará obligado a ajustar su imposición. El ministro también ha subrayado que el control del acervo Schengen se extenderá al personal y los bienes de la base militar, una medida que proporcionará a España información inédita sobre las entradas y salidas de esta instalación estratégica.
Respecto a las infraestructuras, el acuerdo incluye una gestión compartida del aeropuerto de Gibraltar, situado sobre el istmo, donde España tendrá una participación paritaria. En materia medioambiental, se establecerán mecanismos para regular los rellenos y vertidos. Pese a estos avances en cooperación, Albares ha insistido en que el Gobierno no renuncia a sus posiciones de soberanía y jurisdicción, asegurando que el acuerdo «blinda» la postura española mientras elimina la frontera física del último muro de la Europa continental.
Por su parte, el Partido Popular ha mantenido una postura crítica y ha evitado desvelar el sentido de su voto en la futura ratificación en la Eurocámara. El portavoz popular, Carlos Floriano, ha reprochado al Ejecutivo la «falta de diálogo» para conformar una política de Estado y ha calificado el pacto como una «oportunidad perdida» tras el Brexit. Floriano ha cuestionado la renuncia a reclamar la cosoberanía y ha tildado de «pantomima» las medidas contra el régimen fiscal gibraltareño, asegurando que la diferencia impositiva seguirá perjudicando los intereses de la comarca española.
Finalmente, el ministro Albares ha instado a los grupos parlamentarios a actuar con «sentido de Estado» y a apoyar un acuerdo que considera beneficioso para el desarrollo de la zona. Ante las críticas de la oposición sobre la jurisdicción de las aguas territoriales, el jefe de la diplomacia ha reiterado que el Gobierno nunca negociará sobre espacios que considera soberanía española, concluyendo que el texto supone el fin de un modelo de fricción de tres siglos para dar paso a un marco de convivencia y estabilidad.
