El Juzgado de Instancia n.º 5 de Torrelavega, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ha condenado al exciclista Óscar Freire a una pena de nueve días de localización permanente y a una orden de alejamiento de seis meses. La sentencia, dictada tras un juicio rápido, considera al tricampeón mundial autor de un delito leve de injurias tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre todas las partes personadas en la causa.
La resolución judicial establece que el condenado deberá cumplir la pena de localización en un domicilio diferente al de la víctima. Asimismo, se le impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de su mujer, de su lugar de trabajo o de cualquier lugar frecuentado por ella, así como la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación durante el periodo de medio año. El fallo es firme tras haber reconocido Freire los hechos y aceptado la petición del Ministerio Fiscal y la acusación particular.
El procedimiento penal se inició el pasado domingo tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil por presuntos malos tratos en el ámbito familiar, que incluían acusaciones de agresiones, amenazas y acoso. No obstante, durante la vista celebrada este lunes, el cargo por presunto delito de vejaciones graves fue transformado en un delito leve. Según la representación legal de la denunciante, el cambio de calificación se produjo debido al estado emocional de la mujer, quien se ratificó en su denuncia pero no profundizó en los detalles durante su declaración.
Los hechos que han motivado la condena se circunscriben a un incidente ocurrido el pasado 12 de abril en la iglesia de Puente San Miguel, en el municipio de Reocín. Según el relato contenido en la denuncia, el exciclista coincidió con su esposa durante una misa y, tras una discusión, la habría sujetado con fuerza del brazo para impedir que se marchara. Posteriormente, en el exterior del templo y ante varios testigos, Freire le habría arrebatado el teléfono móvil mientras profería comentarios vejatorios.
Óscar Freire y la denunciante, contraídos en matrimonio desde 2003 y con tres hijos en común, se encuentran actualmente en proceso de divorcio y no conviven desde finales de 2023. El juicio ha sido presidido por el magistrado Guillermo Casal, contando con la intervención del fiscal Carlos Yáñez y la defensa de la abogada María José Puente. Con esta resolución, se cierra la vía penal de forma definitiva respecto al episodio denunciado el pasado fin de semana.
