Un juzgado de Palma eleva al TJUE la validez de los criterios del Supremo sobre el IRPH
El Juzgado de Instancia número 15 de Palma ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si los criterios aplicados por el Tribunal Supremo español respecto a la transparencia y abusividad del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) se ajustan al derecho comunitario. El magistrado cuestiona si la interpretación del alto tribunal nacional garantiza la protección que brindan las directivas europeas a los consumidores.
El auto, fechado el pasado 11 de marzo, pone el foco en si la mera mención de una circular del Banco de España en el contrato hipotecario es suficiente para cumplir con el deber de transparencia. El juez duda de si, bajo los artículos 3.1 y 5 de la directiva europea, la entidad financiera debería haber proporcionado una explicación detallada que permitiera al prestatario comprender el alcance económico y las consecuencias del índice antes de la firma del contrato.
Asimismo, la instancia judicial balear cuestiona el uso de indicadores estadísticos agregados como término de comparación para evaluar el desequilibrio contractual en préstamos vinculados al IRPH. En el caso analizado, el magistrado califica de «cuestionable» que un sobrecoste superior a los 68.000 euros en una hipoteca pueda considerarse irrelevante sin una justificación específica, sugiriendo que podría existir un desequilibrio importante entre las partes.
Desde la asociación de consumidores Asufín se ha señalado que el debate jurídico se centra en la convergencia entre la jurisprudencia española y la europea. Según la organización, el auto judicial resalta la necesidad de revisar si los elementos de transparencia empleados por el Tribunal Supremo coinciden con la protección exigida por el TJUE, especialmente cuando la aplicación del índice genera un impacto económico significativo para el cliente.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo dictaminó en noviembre de 2023 que no existe una solución única para la transparencia del IRPH, delegando la determinación de su abusividad en el análisis pormenorizado de cada contrato. Esta posición se produjo tras varios pronunciamientos del TJUE, que aclaró que la oficialidad de un índice no exime a los jueces nacionales de comprobar si la cláusula fue redactada de forma clara y comprensible.
El IRPH ha sido objeto de una prolongada controversia judicial en España, especialmente tras el periodo comprendido entre 2013 y 2016. Durante esos años, mientras el euríbor iniciaba una tendencia descendente que lo llevó a valores negativos, el IRPH se mantuvo estable en torno al 2%, lo que derivó en una oleada de demandas por parte de consumidores que consideraron el indicador como gravoso y carente de la transparencia necesaria en su comercialización.
