El presidente del grupo constructor Azvi, Manuel Contreras Caro, y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, han comparecido este martes ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones del denominado «caso Ábalos». Durante sus declaraciones, Contreras ha reconocido la contratación de Koldo García Izaguirre en 2023 para labores de prospección comercial internacional, mientras que Francos ha confirmado que el exministro Salvador Illa le advirtió de que el asesor de Transportes contactaría con él para ofrecer material sanitario durante la pandemia.
Manuel Contreras ha admitido ante el tribunal que su compañía formalizó un contrato con Koldo García en noviembre de 2023. Según el testimonio del empresario, el objetivo de dicho acuerdo era la localización de oportunidades de negocio en diversos países de Sudamérica. Por este concepto, la constructora realizó un pago inicial de 25.000 euros destinado a sufragar gastos de desplazamiento y billetes de avión. Contreras ha justificado la contratación alegando que García demostró poseer contactos relevantes en la región, precisando que no consideró necesario solicitar su currículum previo a la firma.
La declaración del presidente de Azvi se produce en un contexto de estrecha vigilancia por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores analizan si el grupo constructor pudo haber efectuado pagos a la trama a cambio de adjudicaciones en obras ferroviarias y de carreteras. Según la documentación que obra en la causa, existen anotaciones en la agenda de Koldo García relativas a reuniones con representantes de Azvi previas a la licitación del tramo de Adamuz, proyecto que finalmente fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la compañía de Contreras.
Por su parte, Víctor Francos, actual secretario de Estado para el Deporte y antiguo jefe de Gabinete de Salvador Illa, ha testificado por videoconferencia sobre los contactos mantenidos con el entorno de José Luis Ábalos en 2020. Francos ha reconocido que mantuvo hasta tres encuentros con Koldo García después de que el entonces titular de Sanidad le informara de que este le llamaría para tratar asuntos relacionados con la compra de suministros contra el COVID-19.
Francos ha subrayado en su declaración que, tras recibir la oferta de material importado desde China por parte de García, procedió a derivar al asesor al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo encargado de centralizar las compras durante el estado de alarma. El testigo ha negado categóricamente haber recibido presiones para validar contratos específicos o influir en la selección de proveedores, asegurando que su intervención se limitó a señalar el cauce oficial establecido por el Ministerio.
La investigación que instruye la Audiencia Nacional y que afecta a diversos órganos ministeriales mantiene también bajo estudio la gestión de altos cargos de ADIF y de la Dirección General de Carreteras. En la actualidad, figuran como investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta del administrador ferroviario, y Javier Herrero, antiguo responsable de carreteras, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública vinculadas a la red de influencia objeto de examen judicial.
