La Audiencia de Burgos condena a 16 meses de prisión a una mujer por insultos racistas a un menor en un centro escolar
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer de 64 años a una pena de 16 meses de prisión y al pago de una indemnización de 2.000 euros por proferir insultos racistas y amenazas contra un alumno de diez años. Los hechos, ocurridos en el comedor de un colegio de una localidad vinculada al partido judicial de Aranda de Duero, han sido calificados como un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos raciales.
La sentencia, alcanzada mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, establece también el pago de 2.070 euros en multas y la inhabilitación especial de la condenada para cualquier profesión u oficio en los ámbitos educativo, docente, deportivo y de tiempo libre durante un periodo de nueve años. Asimismo, se le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con el menor durante tres años.
Los hechos probados se remontan al 8 de enero de 2024. Según el relato judicial, la acusada accedió sin autorización al comedor escolar mientras se encontraban presentes quince menores de doce años. Una vez en el interior, se dirigió a la víctima, cuyo padre es de nacionalidad dominicana, empleando expresiones vejatorias y racistas. Durante el altercado, la mujer tomó unas tijeras presentes en una de las mesas y amenazó al menor con realizarle mutilaciones físicas antes de abandonar el centro.
El tribunal ha determinado que la acusada actuó movida por su «animadversión y desprecio a las personas de raza negra», prevaliéndose de su superioridad física y psíquica frente a la edad de la víctima. Por ello, la resolución judicial incluye la concurrencia de la agravante de abuso de superioridad en el delito contra la dignidad, así como la agravante de discriminación en los delitos de integridad moral y amenazas leves que conforman la condena.
La ejecución de la pena privativa de libertad ha quedado suspendida por un plazo de dos años, condicionada a que la mujer no vuelva a delinquir en dicho periodo. Para mantener este beneficio, la condenada deberá notificar cualquier cambio de domicilio, satisfacer la responsabilidad civil en cuotas mensuales de 175 euros y someterse obligatoriamente a un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.
El fallo subraya que las expresiones empleadas y la naturaleza de la agresión verbal en el entorno escolar provocaron en el menor sentimientos de humillación y menoscabo en su dignidad. La denuncia original fue formulada por la madre del alumno, lo que dio inicio al proceso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero antes de su resolución definitiva en la Audiencia Provincial.
