Chile inicia plan de expulsiones con primer vuelo de deportados hacia Ecuador y Colombia

El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, llevará a cabo este jueves el primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular, marcando el inicio de una estrategia de retorno forzado que contempla tres frecuencias mensuales. La operación inicial se dirige a Ecuador y Colombia, afectando a cerca de 40 personas que cuentan con órdenes judiciales firmes de salida del territorio nacional.

La ejecución del operativo estará a cargo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que ha dispuesto un avión Boeing 737 para el traslado. Según los planes logísticos informados por el Ejecutivo, la aeronave despegará desde el Grupo 10 del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago, y realizará una escala técnica en Iquique para incorporar a otros ciudadanos sujetos a la medida antes de abandonar el espacio aéreo chileno.

Desde La Moneda se ha precisado que la mayoría de los ciudadanos deportados presentan antecedentes penales por delitos que incluyen robo, hurto, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Esta acción se enmarca dentro del programa denominado «Escudo Fronterizo», que busca intensificar las expulsiones administrativas y judiciales en cumplimiento de las promesas de campaña de la actual administración.

En el aspecto presupuestario, el Gobierno ha manifestado su intención de agotar antes del mes de agosto la partida de 4.000 millones de dólares consignada en el presupuesto heredado de la gestión anterior. No obstante, las autoridades han advertido que estos recursos podrían ser insuficientes, dado que el costo estimado de cada deportación asciende a aproximadamente tres millones de dólares, considerando los gastos de transporte, logística y custodia policial necesaria para garantizar la seguridad del proceso.

Limitaciones diplomáticas y el desafío de Venezuela

A pesar del inicio de estos vuelos, el plan enfrenta obstáculos significativos respecto a la población inmigrante de origen venezolano, que representa el grupo mayoritario en situación irregular. La actual inexistencia de relaciones diplomáticas fluidas y la inactividad de los canales consulares impiden, por el momento, la ejecución de vuelos directos de repatriación hacia Venezuela.

Ante esta limitación, el Ejecutivo chileno se encuentra evaluando estrategias alternativas. Una de las opciones en estudio es la triangulación de los retornos a través de terceros países, mencionándose a Estados Unidos como un posible colaborador en la logística de tránsito, aunque todavía no se ha formalizado una decisión oficial sobre este mecanismo.

Contexto migratorio y centros de retención

Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sitúan la población inmigrante en Chile en torno a los 1,6 millones de personas, lo que equivale a más del 8% del total de habitantes del país. El organismo estima que aproximadamente 330.000 personas se encuentran en situación irregular, una cifra que se ha duplicado en los últimos seis años y que ha impulsado el debate sobre el control de las fronteras.

Como medida complementaria a los vuelos de expulsión, el Gobierno ha anunciado la creación de centros de retención temporal. Estas instalaciones están diseñadas para albergar a aquellas personas que, teniendo una orden de expulsión vigente, no puedan ser repatriadas de inmediato debido a la falta de cooperación de sus países de origen o por complicaciones logísticas pendientes de resolución.

El presidente Kast ha defendido que estas políticas de control generarán un «efecto salida», similar al observado en otras jurisdicciones internacionales, donde el endurecimiento de las medidas de fiscalización fomenta el abandono voluntario del país por parte de quienes no cuentan con su documentación en regla.