El Gobierno español refuerza lazos estratégicos con China durante la visita oficial de Pedro Sánchez a Pekín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido su cuarta visita oficial a la República Popular China con un balance de sintonía política y comercial tras su encuentro con el mandatario Xi Jinping. La cita institucional ha servido para estrechar la colaboración entre Madrid y Pekín en un contexto de creciente tensión comercial entre el gigante asiático y la Unión Europea, centrando el discurso oficial en la defensa de principios compartidos y la justicia internacional.
Durante las sesiones de trabajo, Xi Jinping calificó a ambas naciones como defensores de la justicia internacional, asegurando que España y China coinciden en la voluntad de situarse en el marco de la estabilidad global. Por su parte, el jefe del Ejecutivo español ha ratificado el compromiso de España con el principio de «una sola China», una posición diplomática que reconoce la soberanía de Pekín sobre Taiwán y que ha sido destacada por los canales oficiales del régimen comunista como un pilar fundamental de la relación bilateral.
La agenda económica ha ocupado un lugar preeminente en la visita, facilitando el diálogo sobre inversiones en sectores estratégicos y tecnología. No obstante, esta apertura se produce en un momento de vigilancia intensificada por parte de Bruselas. Las instituciones europeas mantienen una postura de cautela respecto a la entrada de tecnología de origen chino en infraestructuras críticas nacionales, señalando posibles riesgos de seguridad y espionaje que contrastan con la política de acercamiento promovida por la delegación española.
En el ámbito de los derechos fundamentales, la visita ha transcurrido bajo el escrutinio de organismos internacionales. Informes recientes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional detallan situaciones de vulnerabilidad en regiones como Xinjiang y el Tíbet, mencionando detenciones arbitrarias y restricciones de libertades civiles. A pesar de estas advertencias y de la presión sobre la sociedad civil en Hong Kong tras la Ley de Seguridad Nacional, el discurso institucional de la visita ha evitado la confrontación directa en materia de derechos humanos.
Desde la perspectiva de la política interna española, el viaje a China se interpreta como un intento de proyectar una imagen de liderazgo internacional y solvencia diplomática. La oposición, sin embargo, ha criticado lo que consideran una «deriva iliberal» y una falta de firmeza frente a regímenes autoritarios. Se cuestiona que el Ejecutivo mantenga una interlocución tan fluida con Pekín mientras se debaten en España cuestiones sobre la independencia judicial, la libertad de prensa y el control institucional.
Finalmente, el encuentro subraya el papel mediador que España busca desempeñar dentro de la Unión Europea respecto a China. Mientras algunos socios comunitarios apuestan por el desacoplamiento económico para reducir dependencias, la administración Sánchez defiende el mantenimiento de canales abiertos. Este equilibrio estratégico sitúa a España en una posición comprometida entre las exigencias de lealtad a la política exterior de la UE y la necesidad de asegurar acuerdos comerciales favorables con una de las principales potencias del siglo XXI.
