Delcy Rodríguez anuncia el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela tras beneficiar a más de 8.600 personas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que la Ley de Amnistía ha llegado a su fin tras considerar cumplidos sus objetivos institucionales. Según las cifras oficiales ofrecidas por la mandataria, el instrumento legal permitió otorgar la libertad plena a un total de 8.616 personas, en un proceso que calificó como exitoso en cuanto a su cobertura y alcance social.

El anuncio tuvo lugar durante el acto de instalación de la comisión encargada de la «Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal». Rodríguez señaló que esta nueva etapa busca una reestructuración profunda del sistema legal venezolano bajo una visión humanista y de equidad. La comisión será la encargada de gestionar los casos que no estaban contemplados en la ley de amnistía saliente, la cual, según explicó, surgió como respuesta a la crisis política y la intervención militar extranjera que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

No obstante, los datos presentados por el Ejecutivo venezolano contrastan con los registros de organizaciones no gubernamentales. La ONG Foro Penal reportó recientemente que, desde el 8 de enero de 2026, se han contabilizado 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 serían consecuencia directa de la aplicación de la amnistía. Esta discrepancia estadística sitúa el foco sobre los criterios utilizados por el Gobierno para contabilizar a los beneficiarios de la norma.

En su intervención, Rodríguez defendió la eficacia del marco legal comparándolo con procesos internacionales. La mandataria equiparó la norma venezolana con la ley de amnistía en España de 2024 y con la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica de 1995. Sin embargo, en el caso sudafricano, los registros oficiales del Ministerio de Justicia indican que el proceso de amnistías tuvo una duración y un número de solicitudes concedidas distintos a los referidos en el discurso oficial venezolano.

La decisión de dar por concluida la ley ha generado reacciones críticas en el sector de los derechos humanos. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó el anuncio como un «grave atropello al Estado de Derecho», argumentando que una ley de amnistía no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada mediante una declaración administrativa del Ejecutivo. Según la ONG, la vigencia del instrumento debe ser inherente a la persistencia de las situaciones de persecución que busca subsanar.

Finalmente, los sectores críticos advirtieron que el cese unilateral de esta medida genera inseguridad jurídica y deja en vulnerabilidad a las víctimas cuyos casos aún no han sido resueltos. Para la organización JEP, el cierre de este proceso confirma que la ley ha funcionado más como un ejercicio de retórica política que como una herramienta genuina de reconciliación nacional, instando a las autoridades a respetar el principio de progresividad de los derechos humanos en la futura reforma judicial.