El juez del caso Koldo requiere al Ministerio de Transportes los expedientes de las obras bajo sospecha

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del denominado ‘caso Koldo’, ha dictado un auto por el que solicita al Consejo de Obras Públicas la entrega inmediata de documentación técnica y administrativa. El requerimiento se centra en los dictámenes de los expedientes de obras públicas que se investigan por un presunto amaño en favor de constructoras a cambio de comisiones irregulares.

La resolución judicial, emitida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, insta a este organismo integrado en el Ministerio de Transportes a remitir, «a la mayor brevedad posible», copia de los informes emitidos en dichos expedientes. Asimismo, el juez reclama la identificación de los funcionarios que participaron en su redacción, al considerar que esta información es «útil y pertinente» para profundizar en el esclarecimiento de los hechos delictivos investigados.

La investigación que lidera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene la existencia de una presunta trama de favorecimiento recurrente a diversas empresas, entre las que destacan Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. Según las pesquisas, estas adjudicaciones fraudulentas habrían conllevado contraprestaciones económicas para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su entonces asesor personal, Koldo García Izaguirre.

El magistrado ha encomendado a la Guardia Civil el análisis de toda la documentación que sea remitida por el Ministerio para la posterior elaboración de un informe pericial. La pieza procesal indaga en contratos que permanecían bajo el control directo de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, señalando a los entonces responsables de estas áreas como facilitadores de la operativa.

En el auto se menciona específicamente a la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, ambos ya relevados de sus cargos, como las figuras que habrían prestado la asistencia necesaria para asegurar el éxito de las adjudicaciones bajo sospecha dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Con esta nueva diligencia, el Juzgado Central de Instrucción número 2 busca delimitar el grado de participación de los cargos públicos implicados y la trazabilidad de los fondos que habrían nutrido la presunta red de corrupción administrativa durante la etapa de gestión de Ábalos al frente del Departamento de Transportes.