La CNMC incoa una veintena de expedientes sancionadores por el apagón de abril de 2025
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de veinte expedientes sancionadores contra los principales actores del sector eléctrico español a raíz del apagón registrado el pasado 28 de abril de 2025. Entre las investigaciones destaca el procedimiento iniciado contra Red Eléctrica de España (REE), en su calidad de operador del sistema, por una presunta infracción calificada como «muy grave» bajo la Ley del Sector Eléctrico.
El regulador basa el expediente contra REE en el artículo 64.25 de la citada ley, alegando un posible incumplimiento de las funciones de operación del mercado con perjuicio para el sistema o los sujetos que operan en él. De forma paralela, la CNMC ha dirigido otros 19 expedientes contra instalaciones de generación de energía —incluyendo ciclos combinados, renovables y nucleares— propiedad de compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad. En estos casos, las infracciones se tipifican como «graves» por presuntos incumplimientos en la gestión de las instalaciones de generación.
Por su parte, Red Eléctrica de España ha comunicado que se encuentra analizando el acuerdo de incoación y ha confirmado que presentará las alegaciones pertinentes para ejercer su defensa. Fuentes de la compañía, filial de Redeia, han precisado que la apertura de este procedimiento se halla en una fase preliminar y han recordado que la existencia de indicios de infracción por parte del regulador no constituye, por el momento, una prueba fehaciente de responsabilidad ni una resolución sancionadora definitiva.
Desde el operador del sistema se subraya que la propia CNMC reconoce en su acuerdo que los hechos atribuidos a REE no son necesariamente la causa única del incidente del 28 de abril. La compañía insiste en que los informes técnicos previos —tanto el del 18 de junio elaborado por la propia REE, como el del Comité de Análisis y el del Panel de Expertos europeo— coinciden en calificar el origen del apagón como un suceso «multifactorial» en el que confluyeron diversos elementos técnicos imprevistos.
Asimismo, REE sostiene que los análisis técnicos realizados hasta la fecha acreditan que no existió una actuación negligente ni un incumplimiento normativo por parte del operador del sistema que pueda considerarse como la causa determinante del incidente eléctrico. La compañía reitera que el procedimiento sancionador deberá dilucidar si las actuaciones de todos los implicados se ajustaron al marco legal vigente durante las circunstancias críticas del evento.
La resolución de estos expedientes se prevé tras una fase de instrucción en la que las empresas afectadas podrán presentar sus pruebas y descargos. El desenlace de esta investigación es de alta relevancia institucional, dado que afecta a la arquitectura de seguridad del suministro eléctrico nacional y a la delimitación de responsabilidades entre el gestor de la red y las empresas productoras de energía en situaciones de emergencia sistémica.
