lunes, abril 20, 2026
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Fracaso del Sello de Inclusión Social: solo tres logrados

El Sello de Inclusión Social registra solo tres concesiones oficiales desde su creación en 2022

El Sello de Inclusión Social, la distinción pública impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reconocer la labor de empresas y organizaciones en la integración de colectivos vulnerables, ha tenido un desarrollo limitado desde su puesta en marcha. Según datos administrativos recientes, solo tres entidades han logrado obtener este reconocimiento oficial, a pesar de las diversas solicitudes registradas durante los últimos dos años.

El distintivo fue creado con el objetivo de incentivar la participación del sector privado en la inserción laboral y social de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hasta la fecha, las concesiones se han limitado a la Fundación Adecco, reconocida en noviembre de 2022; Adecco TT Empresa de Trabajo, en febrero de 2023; y Sogevioso Servicios Gestión Vivienda Innovación Social, SLU, que obtuvo el sello en marzo de 2023. Dos de los tres reconocimientos otorgados recaen, por tanto, en entidades vinculadas al mismo grupo empresarial de gestión de recursos humanos.

En el balance de gestión de este instrumento, se contabilizan también cuatro denegaciones de solicitudes. Entre las entidades que no obtuvieron el distintivo se encuentran Varocys SL, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Asprona León) y la Fundación Banco de Alimentos de Alicante. Asimismo, se han registrado dos desistimientos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) durante el ejercicio 2023.

Regulado por el Real Decreto 636/2022, el Sello de Inclusión Social permite a las entidades beneficiarias utilizar el distintivo en sus comunicaciones comerciales y actuar como un elemento de valoración positiva en los pliegos de contratación pública. La normativa abarca proyectos relacionados con el acceso al empleo, el apoyo a la infancia, la mejora de competencias digitales y la facilitación de servicios básicos para personas en riesgo de exclusión.

Fuentes gubernamentales han confirmado que la normativa reguladora de este sello se encuentra actualmente en fase de revisión. El Ministerio busca, a través de un proceso de diálogo con el sector empresarial, identificar nuevas fórmulas de colaboración público-privada que dinamicen la implantación del distintivo. Esta actualización normativa coincide con el impulso de otras herramientas de política social, como el Fondo de Impacto Social, destinado a reforzar el ecosistema de emprendimiento y la inversión en proyectos con impacto social comprobable.

La revisión del marco legal pretende ajustar los requisitos y procedimientos para aumentar la participación de las empresas y asegurar que el Sello de Inclusión Social cumpla con su función original de actuar como motor para la empleabilidad de los perceptores de prestaciones no contributivas en España.

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