El Tribunal Superior de Baleares anula el currículo de Primaria en lo referente a la asignatura de Religión

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha dictado una sentencia que anula el artículo 8 del currículo de Educación Primaria de la comunidad autónoma. El fallo judicial obliga al Govern de las Islas Baleares a reformular la regulación de la asignatura de Religión, atendiendo a las discrepancias normativas señaladas en el recurso interpuesto por la representación jurídica de la Iglesia y los centros concertados.

La resolución judicial estima el recurso presentado por Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca e Ibiza. El tribunal fundamenta su decisión en la necesidad de ajustar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente, tras detectar que la actual redacción de los decretos de enseñanza contraviene el marco jurídico superior en lo que respecta a la oferta de la asignatura de confesión religiosa.

Este pronunciamiento judicial sucede a una sentencia previa de similares características que afectó a la Educación Secundaria Obligatoria. Desde la entidad demandante han señalado que, a pesar de que el Ejecutivo balear ya ha realizado correcciones parciales en la regulación, ha sido necesario impugnar nuevamente los decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato al considerar que persisten preceptos que resultan contrarios a la jerarquía normativa estatal.

Por su parte, la patronal de la educación católica ha manifestado su disconformidad con la necesidad de acudir de forma reiterada a la vía judicial para garantizar el cumplimiento de los derechos de los centros educativos y de las familias en la elección de la formación religiosa de sus hijos. Según la organización, la normativa actual presentaba deficiencias técnicas que vulneraban el marco de competencias establecido.

Tras esta notificación, el Govern balear deberá proceder a la modificación de los decretos curriculares afectados para integrar la asignatura de Religión conforme a los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, garantizando así la seguridad jurídica en el sistema educativo de las islas.