El Tribunal Supremo rechaza suspender los préstamos de 3.000 millones para programas de armamento de Indra y Escribano
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por la empresa Santa Bárbara Sistemas para suspender la concesión de dos préstamos, valorados en 3.000 millones de euros, destinados a programas especiales de modernización de armamento. Estos fondos están dirigidos a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering.
En un auto hecho público este lunes, los magistrados han desestimado la pretensión de la compañía de armamento de paralizar los créditos mientras se resuelve el fondo del recurso interpuesto contra el Real Decreto que los regula. El tribunal fundamenta su decisión en que los perjuicios alegados por la recurrente carecen de soporte probatorio y no demuestran una amenaza inminente de difícil o imposible reparación.
La resolución judicial subraya que el solicitante de una medida cautelar tiene la carga de probar adecuadamente los daños que motivarían la suspensión, sin que sea suficiente una «mera invocación genérica». En este sentido, la Sala destaca que no se ha acreditado que la continuidad de Santa Bárbara, su posición actual en el mercado o el mantenimiento del empleo se vean comprometidos por la financiación otorgada a sus competidoras.
El Supremo recuerda asimismo que Santa Bárbara fue adquirida en el año 2000 por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en filial de la multinacional estadounidense, líder global en el sector de la defensa. Por ello, el tribunal considera que difícilmente su viabilidad puede entenderse amenazada por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados. Además, señala que la empresa ya es adjudicataria de otros fondos públicos, como los 176 millones de euros para la actualización de los vehículos Pizarro.
Desde la perspectiva del interés general, el auto recalca la existencia de un «relevante interés público» en el desarrollo de programas de modernización de la defensa nacional. El tribunal enfatiza que estas inversiones responden a una estrategia de España y de la Unión Europea para reducir la dependencia exterior y fortalecer una capacidad de defensa autónoma mediante el impulso de la industria estratégica nacional.
Finalmente, los magistrados advierten que la suspensión de una inversión superior a los 3.000 millones de euros no supondría un aplazamiento neutro, sino una «alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria». Según el Tribunal Supremo, dicha paralización comprometería de forma inmediata el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado y la estabilidad de un sector industrial considerado crítico para la seguridad nacional.
