Begoña Gómez recurre ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Peinado de enviarla a juicio
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interpuesto un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la resolución del magistrado Juan Carlos Peinado que da por terminada la instrucción y propone su procesamiento. La defensa de Gómez fundamenta su recurso en la presunta vulneración de derechos fundamentales y cuestiona la solidez de los indicios que sustentan la acusación por cuatro delitos.
El escrito elevado a la instancia provincial se produce como respuesta directa a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de cerrar la fase de investigación y proponer que Gómez sea juzgada junto a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Según el texto, al que han tenido acceso diversos medios de comunicación, la defensa sostiene que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes para sostener las imputaciones.
Uno de los puntos centrales de la queja reside en la impugnación de la modalidad de enjuiciamiento propuesta. La representación procesal de Gómez cuestiona que el magistrado haya optado por un tribunal de jurado para este procedimiento, alegando que dicha decisión carece de la argumentación jurídica preceptiva y no se ajusta a la naturaleza de los delitos investigados en la causa.
De forma paralela, Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez y también señalada en el auto de procesamiento, ha presentado su propio escrito de queja ante la Audiencia Provincial. Álvarez solicita formalmente el archivo de las actuaciones dirigidas contra ella, coincidiendo con la defensa principal en que la causa no reúne los requisitos legales para ser juzgada bajo la Ley del Jurado y reiterando la inexistencia de indicios de criminalidad en su conducta.
Con este movimiento jurídico, las defensas buscan que el tribunal superior corrija la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado, en un caso que ha mantenido el foco institucional sobre la actividad profesional de la investigada en relación con diversas adjudicaciones públicas. La Audiencia de Madrid deberá ahora resolver sobre la continuidad del proceso o la posible nulidad de las actuaciones solicitada por las partes.
