Ana María Aranda Jaraices, quien fuera secretaria personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha testificado este martes ante el Tribunal Supremo en la séptima jornada del juicio relativo a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas. Durante su comparecencia, Aranda ha confirmado la presencia recurrente del empresario Víctor de Aldama en la sede del Ministerio, señalando que el comisionista utilizaba habitualmente el ascensor de uso exclusivo del ministro y que solía acudir acompañado por el asesor ministerial Koldo García Izaguirre.
La testigo, que actualmente desempeña sus funciones en el equipo del ministro Óscar Puente, ha detallado que Aldama mantuvo al menos tres reuniones presenciales con Ábalos en su despacho oficial. Según el testimonio recabado, uno de estos encuentros contó con la participación del entonces gobernador del estado mexicano de Oaxaca, Alejandro Murat, con el objetivo de tratar una posible ruta aérea. En las otras dos ocasiones, Aranda Jaraices identificó la presencia de Javier Hidalgo, en aquel momento CEO de Globalia, empresa matriz de Air Europa.
En relación con la logística de estas visitas, la exsecretaria ha explicado que el acceso de Aldama a la planta noble del Ministerio se facilitaba mediante un pase especial. Si bien ha afirmado que fue Koldo García quien solicitó dicha credencial, la testigo ha precisado que ella no controlaba la agenda de reuniones que el empresario pudiera mantener con terceras personas dentro de las dependencias oficiales, ni se le notificaban formalmente todas sus visitas.
Durante el interrogatorio, la compareciente también se ha referido a los viajes institucionales del exministro. Aranda ha confirmado que una mujer identificada como Jésica Rodríguez acompañó a Ábalos en 13 desplazamientos oficiales de un total de 293 analizados. Sobre la financiación de estos traslados, la testigo ha asegurado que los gastos fueron sufragados por Koldo García mediante una tarjeta de crédito a su nombre, negando tajantemente el uso de fondos públicos para costear la presencia de Rodríguez en dichas expediciones.
Este testimonio se suma a lo declarado en jornadas anteriores por otros altos cargos del departamento. El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y un agente de la Guardia Civil destinado en el complejo de Nuevos Ministerios ya habían señalado la aparente familiaridad de Aldama con el entorno ministerial, indicando que el empresario estacionaba en la zona reservada para autoridades y se desplazaba por el edificio sin restricciones aparentes.
El tribunal también ha abordado la vinculación laboral de Jésica Rodríguez con empresas públicas dependientes de Transportes, como Ineco y Tragsatec, donde desempeñó funciones administrativas entre 2019 y 2021. El juicio continúa su curso en el Alto Tribunal, donde la Fiscalía solicita penas de hasta 30 años de prisión para José Luis Ábalos y Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama la petición se sitúa en siete años tras la aplicación de atenuantes por colaboración con la justicia.
