La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado ampliar la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria en el marco de la investigación por el colapso de la pasarela de El Bocal. La magistrada imputa al que fuera jefe de Servicio de Proyectos y Obras hasta su jubilación en mayo de 2023 la presunta comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave.
Este nuevo investigado se suma a los otros dos responsables del departamento ya encausados: el actual jefe de servicio, Enrique Rodríguez Sánchez, y el jefe de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, quien actuó como director de obras del proyecto de la senda costera en 2014. La decisión judicial se fundamenta en la posible existencia de una negligencia grave derivada de la falta de mantenimiento de la infraestructura, lo que habría desembocado en el siniestro del pasado mes de marzo en el que fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida.
En el auto notificado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la instructora sostiene que el funcionario ahora investigado ostentó una «posición de garante» sobre la seguridad estructural del puente durante su mandato. Según la resolución, este cargo conllevaba la obligación de promover y verificar las labores de inspección necesarias para garantizar la estabilidad de la pasarela, actuaciones que, según los indicios recabados, no se habrían ejecutado de forma adecuada.
Los informes periciales aportados a la causa señalan que el accidente fue provocado por un fallo en los apoyos de las vigas tras la rotura de los herrajes por corrosión. La magistrada subraya que la infraestructura estuvo abierta al uso público sin restricciones ni controles desde su construcción en 2014. Asimismo, el auto indica que los materiales utilizados para los herrajes eran «presumiblemente inadecuados» para un entorno costero expuesto a la salinidad y la intemperie.
Por otro lado, la jueza ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de Santander para que el ingeniero autor del proyecto de la pasarela declare en calidad de investigado. La magistrada mantiene su citación para el próximo 24 de abril únicamente como testigo-perito, al considerar que su labor se limitó a un subproyecto parcial que fue supervisado y validado por la dirección de obra de la Demarcación de Costas.
En el ámbito de las diligencias pendientes, el juzgado ha ordenado que el médico forense examine a la única superviviente del colapso para determinar el alcance definitivo de sus lesiones. Además, se ha solicitado a la Policía Local de Santander un desglose de las actuaciones y llamadas registradas el día previo al accidente, tras la alerta de un vecino al servicio de emergencias 112 sobre el estado de la estructura.
La fase de instrucción continuará el próximo 15 de mayo, fecha señalada para la práctica de la prueba pericial conjunta y la toma de declaración de los tres técnicos investigados. Durante esa jornada, las partes podrán contrastar los informes sobre el deterioro progresivo de la infraestructura y la supuesta omisión de la diligencia debida por parte de los responsables de la administración estatal.
