El PP cuestiona la instrucción de Interior para informar sobre la regularización de extranjeros en centros penitenciarios

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha calificado de «gravísimo» que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya instado a los centros penitenciarios a informar a la población reclusa sobre el proceso extraordinario de regularización para extranjeros. La formación de la oposición reclama explicaciones inmediatas al Gobierno ante una medida que, según denuncian, podría dificultar futuras expulsiones de ciudadanos extranjeros con causas pendientes.

La controversia surge tras una comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, organismo dependiente del Ministerio del Interior, en la que se solicita a las prisiones facilitar información sobre el nuevo marco legal. El documento establece que se debe garantizar una adecuada comunicación a los internos extranjeros, elaborar un registro estadístico de posibles solicitantes, facilitar la documentación necesaria «a la mayor brevedad» y ofrecer apoyo lingüístico en caso de ser requerido.

Desde el Ministerio del Interior han precisado que la actuación se enmarca en un procedimiento ordinario de transparencia informativa. Fuentes del departamento han señalado que la instrucción se limita a «informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto» mediante la difusión de copias del mismo en los tablones de anuncios, bibliotecas y escuelas de los diferentes departamentos penitenciarios.

No obstante, la dirigente popular ha advertido sobre las implicaciones legales de esta iniciativa. Ezcurra ha recordado que el decreto de regularización exige, en sus disposiciones 20 y 21, carecer de antecedentes penales para acceder al proceso. Bajo este criterio, apunta que los únicos beneficiarios potenciales dentro de las prisiones serían los presos preventivos, quienes se encuentran privados de libertad por decisión judicial ante riesgos de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

La crítica del Partido Popular se centra en la consolidación del arraigo legal que supondría la obtención de la residencia. Según ha manifestado Ezcurra, si un preso preventivo obtiene la regularización y posteriormente es condenado, su expulsión se tornaría «mucho más difícil». La normativa vigente, tanto en la Ley de Extranjería (artículo 57.2) como en el Código Penal (artículo 89), exige valorar el arraigo antes de proceder a una expulsión administrativa o judicial.

Finalmente, la representante del PP ha incidido en que la residencia legal es el pilar fundamental sobre el que se construye el arraigo en España. En su opinión, facilitar la regularización a personas bajo sospecha de delitos graves supone «blindar» una situación jurídica que podría bloquear la salida del país de quienes delinquen, contraviniendo, a su juicio, los principios de seguridad y orden público que deben regir la política migratoria.