La Audiencia Nacional cita a la cúpula de Información de la Guardia Civil por el ‘caso Leire Díez’
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la citación en calidad de testigos del general responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del comandante Juan Manuel del Barco para el próximo 23 de junio. Esta decisión judicial se enmarca en la instrucción del denominado ‘caso Leire Díez’, que investiga una presunta trama orientada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al Partido Socialista.
Según la providencia judicial, el comandante Del Barco comparecerá en su condición de secretario del director adjunto operativo, Manuel Llamas. Estas nuevas citaciones se suman a las ya previstas de los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, quienes estuvieron al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) y que, según consta en las diligencias, habrían manifestado haber recibido presiones en el ejercicio de sus funciones investigadoras.
El núcleo de la investigación trata de esclarecer si existieron maniobras para interferir en causas judiciales bajo la supuesta coordinación de la exmilitante socialista Leire Díez. Entre los procedimientos afectados se encuentra la instrucción relativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que agentes de la UCO han denunciado presiones desde junio de 2024 para aminorar la intensidad de las pesquisas en el marco de su contratación por la Diputación de Badajoz.
Asimismo, el juzgado examina la posible influencia de Díez sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La tesis de los investigadores apunta a que dicha relación pudo motivar la apertura de tres informaciones reservadas por supuestas filtraciones internas, con el objetivo aparente de menoscabar la credibilidad de la UCO. No obstante, el Ministerio del Interior ha rechazado formalmente que la exmilitante tuviera capacidad de influencia en estas decisiones administrativas.
Los atestados policiales incorporados a la causa recogen el seguimiento de al menos tres encuentros presenciales entre Leire Díez y Mercedes González, fechados entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Los informes del Servicio de Información y de la propia UCO advierten sobre una presunta estrategia diseñada para desgastar la imagen de las unidades de policía judicial, basándose en testimonios que señalan que la investigada alardeaba de un control efectivo sobre la cúpula de la Dirección General y sectores de la Fiscalía.
Además de los mandos mencionados, el juez Pedraz mantiene en la lista de testigos a los instructores de las informaciones reservadas, al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y al general Antonio Cortés, responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, con el fin de determinar el alcance de las supuestas injerencias en la cadena de mando y en la autonomía de las investigaciones en curso.
