El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará esta semana una ley para impulsar 18.000 viviendas protegidas
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene prevista la aprobación, durante la presente semana, de la nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida. Esta normativa tiene como objetivo principal la creación de 18.000 nuevos hogares y la reducción de los plazos de construcción para facilitar el acceso a la vivienda asequible, con especial atención a los jóvenes y a las familias de la región.
La iniciativa legislativa contempla una serie de incentivos destinados a incrementar la capacidad residencial sin necesidad de consumir nuevo suelo. Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, la ley permitirá ampliar hasta un 30% la densidad de las promociones y un 20% la edificabilidad. Con estas medidas, la administración regional busca adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual y avanzar en la estrategia de vivienda marcada desde el inicio de la legislatura en 2019.
En el marco de esta política habitacional, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid lidera actualmente la construcción de vivienda pública en España, concentrando más del 40% del total nacional. Dentro de estas actuaciones, el Plan Vive ya ha formalizado la entrega de 5.300 casas de alquiler asequible. La previsión para el presente año es sumar 3.200 nuevas viviendas en promociones en curso, con el objetivo de alcanzar las 14.000 unidades para el año 2027.
Entre las novedades técnicas y administrativas de la nueva ley se incluye la ampliación del límite de edad, de los 40 a los 50 años, para acceder a los avales públicos en hipotecas. Asimismo, la normativa consolida la transformación de locales de oficinas en viviendas de alquiler asequible, una medida pionera que proyecta incorporar 8.000 nuevos inmuebles al mercado residencial madrileño.
En el ámbito de la vivienda social y el apoyo financiero, el Ejecutivo regional ha recordado el refuerzo del programa «Mi Primera Vivienda», que eleva a 425.000 euros el importe máximo de los inmuebles que pueden optar a hipotecas del 100%. Para el año 2026, se contempla un incremento del 24% en la inversión pública destinada a vivienda social, lo que permitirá la entrega de más de 700 casas a familias en situación de vulnerabilidad.
Otras medidas complementarias incluyen la autorización para construir vivienda protegida en parcelas de titularidad privada mediante cambios de uso de suelo, así como la recuperación de la figura del arrendamiento con opción a compra. Además, se han implementado ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales, junto con la supresión de diversas tasas administrativas para agilizar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha subrayado en declaraciones recientes que la ley pretende «agilizar los trámites para que haya más vivienda en un momento donde los ciudadanos lo demandan». García Martín insistió en que el acceso a la vivienda es el «principal reto» que afronta el país y defendió la reducción de la carga burocrática como vía fundamental para aumentar la oferta disponible en la región.
