La presidenta del Tribunal de Cuentas defiende ante el Tribunal Supremo la legalidad de los contratos del ‘caso Koldo’

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha comparecido este jueves como testigo ante el Tribunal Supremo para ratificar las conclusiones del informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia. En su declaración, solicitada por las defensas del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García, Chicano ha sostenido que las adjudicaciones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. se ajustaron a la legislación excepcional vigente en aquel momento.

Chicano ha explicado ante el alto tribunal que las conclusiones generales del órgano fiscalizador determinaron que la operativa de contratación se acomodaba a los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y a los decretos específicos de emergencia. Según su testimonio, el informe final aprobado en octubre de 2022 no halló irregularidades que motivaran una denuncia, señalando que los precios pagados por el material sanitario no excedieron la media de otras administraciones públicas en el mismo periodo.

Durante el interrogatorio, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha admitido que ella firmó el documento en calidad de máxima responsable del organismo, aunque ha precisado que no participó directamente en su elaboración técnica. Respecto a la solvencia de Soluciones de Gestión —empresa vinculada a Víctor de Aldama que obtuvo contratos por valor de 53 millones de euros pese a no tener facturación previa en 2019—, Chicano ha señalado que, en situaciones de emergencia, los criterios habituales de objeto social y solvencia económica pueden verse flexibilizados según la normativa aplicada.

No obstante, la comparecencia también ha abordado las recomendaciones emitidas por el propio tribunal, que instó en su día a disminuir este tipo de contrataciones en futuros escenarios de crisis. Chicano ha reconocido que en los procesos de adjudicación de aquella etapa no se comprobó de manera exhaustiva si las empresas adjudicatarias estaban al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, priorizando la celeridad del suministro de material de protección.

La declaración de la presidenta se produce en un contexto de controversia técnica sobre la evolución del citado informe. Versiones preliminares del documento, elaboradas antes de que Chicano asumiera la presidencia, contenían observaciones sobre la falta de justificación de 748 millones de euros de un fondo gestionado por el Ministerio de Sanidad. Esas menciones no figuraron en la redacción definitiva aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, lo que motivó críticas de diversos grupos parlamentarios.

Esta discrepancia entre el borrador y el texto final llevó a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en las Cortes Generales a rechazar los informes de fiscalización de los contratos COVID. Esta resolución parlamentaria, aprobada a instancias del Partido Popular, calificó de insuficientes las explicaciones institucionales dadas hasta la fecha y supuso un hito inédito en la relación entre el poder Legislativo y el órgano fiscalizador del Estado.

El testimonio de Chicano es considerado una pieza relevante para las estrategias de defensa de los investigados en el denominado ‘caso Koldo’. Los abogados de Ábalos y García buscan asentar la tesis de que las contrataciones con la mercantil Soluciones de Gestión contaron con el aval técnico del Tribunal de Cuentas, intentando desvincular la operativa administrativa de las presuntas comisiones irregulares que investiga la Fiscalía Anticorrupción.