La Agencia Tributaria atribuye indicios de delito fiscal a Víctor de Aldama por 2,4 millones de euros
La Agencia Tributaria ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que señala la existencia de indicios racionales de delitos contra la Hacienda Pública cometidos por el empresario Víctor de Aldama. Según el documento técnico incorporado a la instrucción del «caso Koldo», el presunto fraude está relacionado con las operaciones de venta de mascarillas y material sanitario durante el periodo de la pandemia de COVID-19.
El organismo tributario cifra la cuota presuntamente defraudada por Aldama en 2.410.748,95 euros. No obstante, el informe precisa que la cuantía exigible se fija en 1.624.308,20 euros, una vez deducidas las cantidades que el investigado ya había ingresado en concepto de Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.
La inspección de Hacienda extiende la responsabilidad de estas irregularidades a la mercantil Soluciones de Gestión, sociedad vinculada al empresario y eje central de la trama investigada por el juez Ismael Moreno. El informe concluye que la empresa habría minorado de forma irregular la cuota tributaria a ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, una práctica que el fisco considera improcedente en este supuesto.
De acuerdo con el análisis de los inspectores, la sociedad Soluciones de Gestión ya era conocedora de los beneficios extraordinarios que reportaría la adjudicación de contratos públicos en el momento de presentar la declaración del Impuesto de Sociedades de 2019. En dicho ejercicio, la entidad generó una base imponible de 800.000 euros basada en el deterioro de un crédito frente a una sociedad relacionada, operación que Hacienda califica como una maniobra para reducir la carga fiscal del año siguiente.
El informe remitido a la Audiencia Nacional identifica a Juan Carlos Cueto, socio de Aldama, como el principal interesado en la ejecución de estas minoraciones en la base imponible. Asimismo, los técnicos de Hacienda subrayan que la compra de una sociedad y la posterior contabilización de deterioros crediticios constituyeron «acciones preparatorias» diseñadas para reducir los beneficios declarados por Soluciones de Gestión en el ejercicio 2020.
Finalmente, la Agencia Tributaria estima que estas prácticas contables habrían supuesto un fraude adicional de 200.000 euros en el Impuesto de Sociedades. Estos nuevos datos se incorporan a la pieza principal del caso, que investiga las presuntas comisiones irregulares en contratos de emergencia adjudicados por diferentes administraciones públicas durante la crisis sanitaria.
