El médico de Jordi Pujol califica de «cruel» su citación presencial ante la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha citado formalmente al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, para que comparezca de manera presencial el próximo lunes en Madrid. El objetivo de la diligencia es que el exmandatario sea examinado nuevamente por un médico forense y, si se considera que sus facultades lo permiten, proceda a prestar declaración en el marco de la causa que investiga el origen de la fortuna familiar en Andorra.
Jaume Padrós, médico personal de Jordi Pujol y presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, ha manifestado este viernes su rechazo ante la decisión judicial. En declaraciones a SER Cataluña, Padrós ha tildado de «cruel» el requerimiento de traslado a la capital, sugiriendo que la decisión del tribunal denota una falta de confianza hacia los peritos forenses que ya evaluaron al expresidente en territorio catalán.
«Hacerle ir hacia allá me parece un poco cruel, por decirlo suavemente. Parece como si el tribunal no se fiase de los forenses que lo examinaron aquí», ha señalado el facultativo. Según Padrós, el estado de salud de Pujol, de 95 años, se caracteriza por un deterioro cognitivo y físico progresivo que le impediría ejercer su derecho de defensa de manera efectiva.
El equipo médico sostiene que Pujol no cuenta con las condiciones necesarias para mantener una «argumentación dialéctica» coherente debido a una afectación severa de la memoria. Padrós ha subrayado que existen ya «tres informes clínicos y tres informes forenses coincidentes al cien por cien» que fueron elaborados hace cinco meses y que advertían de que el expresidente no era «procesable» en ese momento. En la actualidad, su estado sería «discretamente peor».
El médico ha expresado su confianza en que la citación sea únicamente un «ritual» procesal y ha calificado de «inimaginable» que se le obligue finalmente a declarar durante el juicio oral. En palabras de Padrós, forzar una declaración en tales circunstancias representaría «un atentado gravísimo contra los derechos humanos» dada la vulnerabilidad del paciente por su avanzada edad.
La Audiencia Nacional deberá determinar, tras el examen del lunes, si el proceso judicial contra el exlíder de Convergència i Unió sigue su curso habitual o si, por el contrario, se suspenden las actuaciones contra su persona atendiendo a las alegaciones de incapacidad sobrevenida presentadas por su defensa técnica y avaladas por su equipo médico.
