El Tribunal Supremo abre una causa contra el diputado Félix Alonso por presunta prevaricación administrativa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la apertura de una causa penal contra el diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La investigación se centra en la gestión realizada durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona), cargo que ocupó entre los años 2011 y 2019, en relación con la adjudicación de diversos contratos públicos.

El tribunal ha designado como instructor de la causa al magistrado Vicente Magro, tras recibir una exposición razonada remitida el pasado 26 de diciembre por el Juzgado de Instrucción e Instancia número 4 de El Vendrell. La intervención del Tribunal Supremo es preceptiva debido a la condición de aforado de Alonso Cantorné en su calidad de miembro del Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario Plurinacional Sumar.

Las pesquisas judiciales se centran en las relaciones contractuales mantenidas por el Ayuntamiento de Altafulla con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient. Según el auto de la Sala, existen indicios de que el entonces alcalde pudo haber utilizado la figura del contrato menor de forma sistemática para eludir los principios de publicidad y concurrencia competitiva exigidos por la normativa de contratación pública.

El escrito judicial señala que esta dinámica de contratación habría permitido supuestamente la adjudicación directa y arbitraria de servicios, evitando los procedimientos legales correspondientes. El tribunal considera que los hechos descritos presentan, en una fase inicial, los elementos indiciarios del delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal.

No obstante, la Sala de lo Penal ha precisado que el objeto del procedimiento es de «cristalización progresiva». Esto implica que la investigación no se limitará estrictamente al delito de prevaricación, sino que podría ampliarse a otras posibles irregularidades en función de los resultados que se obtengan sobre la dinámica de facturación y el pago de los servicios contratados.

Con esta resolución, el Tribunal Supremo asume la competencia para investigar los hechos, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que también se mostró favorable a la apertura de la causa. El proceso judicial determinará ahora si la gestión de Alonso Cantorné se ajustó a derecho o si, por el contrario, existió una voluntad deliberada de contravenir la ley en la adjudicación de fondos públicos.