La Audiencia Nacional justifica la citación presencial de Jordi Pujol para evaluar su capacidad procesal y evitar el «edadismo»
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado del juicio por el denominado «caso Pujol» ha defendido este viernes su decisión de citar de forma presencial al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. El magistrado Ricardo de Prada ha comunicado a las partes personadas que la medida responde a la necesidad de verificar personalmente si el procesado, de 95 años de edad, posee las facultades cognitivas necesarias para ejercer su derecho a la defensa, evitando así incurrir en perjuicios basados en la edad.
Durante la sesión de hoy, centrada en la fase de pruebas periciales, el presidente de la sala ha aclarado que no existe intención de estigmatizar al exmandatario. La comparecencia física busca contrastar los informes médicos forenses que acreditan un deterioro cognitivo del acusado con una observación directa por parte del tribunal. Según ha informado la sala, esta valoración es un paso preceptivo antes de decidir si Pujol está en condiciones de ser juzgado o si debe quedar al margen del procedimiento por motivos de salud.
La resolución judicial establece que el expresidente comparezca el próximo lunes, fecha prevista para su declaración. No obstante, antes de este acto, deberá someterse a un nuevo examen por parte de un médico forense de la Audiencia Nacional. Una vez obtenido este dictamen actualizado y tras la comparecencia ante el tribunal, los magistrados resolverán sobre su continuidad en el proceso judicial que investiga el origen del patrimonio familiar.
En los antecedentes del caso, Jordi Pujol ya intervino por videoconferencia el pasado mes de noviembre, al inicio de la vista oral. En aquel momento, el acusado manifestó ser consciente de los cargos que se le imputan, si bien los informes facultativos previos concluían que su estado neurológico dificultaba una defensa plena. El tribunal decidió entonces continuar con la causa y posponer la decisión definitiva sobre su imputabilidad hasta el turno de los interrogatorios de los acusados.
La orden de traslado a Madrid ha generado reacciones en el ámbito institucional catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado públicamente al «sentido común» de las autoridades judiciales para reconsiderar el desplazamiento físico del anciano. Asimismo, representantes de Junts y ERC han expresado su rechazo a la medida, que han calificado de innecesaria atendiendo a las circunstancias personales y la avanzada edad del expresidente.
