La UCO vincula pagos de la obra de la cárcel de Zubieta con una empresa relacionada con Santos Cerdán

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, percibió un total de 181.482,74 euros procedentes de una de las compañías integrantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción del centro penitenciario de Zubieta, en San Sebastián. La investigación, enmarcada en el análisis del patrimonio del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, plantea la sospecha de que el dirigente socialista podría haber mantenido una participación societaria en la referida mercantil junto a Alonso.

Según el documento remitido a la autoridad judicial, los investigadores se centran en el proceso de adjudicación de la infraestructura penitenciaria, cuyo presupuesto de licitación ascendió a 43,7 millones de euros en noviembre de 2020. El informe detalla que Antxon Alonso mantuvo contactos previos con directivos de las empresas adjudicatarias antes de que se formalizara el contrato, actuando presuntamente como intermediario o parte interesada en la composición de la UTE resultante.

La cronología de los hechos analizada por la UCO se remonta a octubre de 2018, cuando Alonso envió información sobre el futuro proyecto a un directivo de la constructora Acciona. Posteriormente, en diciembre de 2020, tras publicarse la licitación, Alonso recibió un borrador de contrato para constituir una UTE formada por Acciona (50%), Construcciones Murias (25%) y Cycasa (25%). Las pesquisas destacan un mensaje enviado por Alonso a otro empresario en el que especificaba el reparto de las cuotas de participación, sugiriendo que un 10% del total de la UTE correspondía a su propia órbita de intereses.

Tras la adjudicación definitiva de las obras en febrero de 2021, la empresa Servinabar comenzó a recibir transferencias económicas por parte de Cycasa, una de las firmas integrantes del consorcio constructor. Los pagos se distribuyeron en tres ejercicios: 30.248 euros en 2021; 131.078 euros en 2022; y 20.165 euros en 2023. La Guardia Civil vincula estos cobros con las gestiones realizadas por Alonso durante el proceso de licitación y adjudicación del contrato público.

El informe patrimonial sobre Santos Cerdán profundiza en la relación económica entre el dirigente político y Antxon Alonso, basándose en la hipótesis de una copropiedad de Servinabar. Estas diligencias buscan esclarecer si existió un aprovechamiento de información o una influencia en la adjudicación de una obra estatal que culminó con su inauguración oficial el pasado 15 de junio, en un acto que contó con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior y del Gobierno Vasco.

La investigación continúa bajo supervisión judicial, mientras se analizan los flujos financieros de la mercantil y la veracidad de las comunicaciones intervenidas por la UCO, que apuntan a una estructura de participación indirecta en los beneficios generados por la construcción de la infraestructura de Gipuzkoa.