Vox eleva al Pleno del Senado una moción para instar la ilegalización de EH Bildu

El grupo parlamentario Vox someterá a votación esta semana en el Pleno del Senado una moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para la ilegalización de EH Bildu. La iniciativa, de carácter no vinculante, fundamenta su petición en la presunta vulneración de los principios democráticos por parte de la formación vasca y busca que la mayoría parlamentaria, encabezada por el Partido Popular, se posicione formalmente sobre esta cuestión.

El texto presentado por la formación de Santiago Abascal argumenta que la actividad de EH Bildu incurre en supuestos contemplados por la Ley Orgánica de Partidos Políticos para su disolución. Según la propuesta, el Senado y el Congreso de los Diputados están legitimados para instar este procedimiento ante el Tribunal Supremo en casos donde se aprecie un apoyo o justificación de la violencia terrorista de forma grave y reiterada.

Además de la ilegalización, la moción reclama un paquete de reformas legales para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo. Entre las medidas solicitadas destaca la modificación del artículo 100 del Reglamento Penitenciario, con el fin de impedir la flexibilización del régimen carcelario de los condenados por vinculación con ETA. Asimismo, la iniciativa exige reforzar la prohibición de actos de enaltecimiento y profundizar en la investigación de los crímenes de la organización terrorista que aún permanecen sin resolver.

En su exposición de motivos, Vox vincula directamente a EH Bildu con la trayectoria de la banda terrorista ETA. El grupo parlamentario subraya la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las candidaturas electorales de la formación, citando específicamente al coordinador general, Arnaldo Otegi. Según el texto, la presencia de estas figuras en las instituciones supone una afrenta a la memoria de las víctimas y a los derechos de sus familiares.

La propuesta también manifiesta un rechazo a las que califica como «concesiones políticas» derivadas del respaldo parlamentario de EH Bildu al actual Gobierno de España. Para Vox, la aplicación de la legislación vigente para excluir a estas formaciones de la vida institucional es una «necesidad» para preservar el orden constitucional y reparar el daño sufrido por los supervivientes y las víctimas del terrorismo.

Con este movimiento parlamentario, la Cámara Alta deberá debatir una vez más sobre el encaje legal de la formación vasca, en un contexto de máxima tensión política donde el cumplimiento de la Ley de Partidos y el régimen penitenciario de los presos de ETA se mantienen en el centro del debate nacional.