El marco jurídico prohíbe el vuelo de drones sobre propiedad privada sin autorización previa
El uso de aeronaves no tripuladas, conocidas comúnmente como drones, sobre terrazas, patios y zonas comunes de comunidades de propietarios se encuentra estrictamente regulado en el ordenamiento jurídico español. El vuelo de estos dispositivos sobre propiedad privada sin el permiso explícito del titular constituye una infracción legal que puede derivar en sanciones económicas graves, al vulnerar derechos fundamentales y normativas de convivencia y seguridad aérea.
La base legal de esta prohibición se asienta, en primera instancia, en el Código Civil. El artículo 350 de dicho cuerpo legal establece que el propietario de un terreno es dueño de su superficie y del espacio situado sobre ella, lo que le otorga el derecho a proteger su privacidad e integridad frente a intrusiones externas. En consecuencia, el espacio aéreo inmediatamente superior a una propiedad privada no se considera un espacio de libre tránsito para dispositivos recreativos o profesionales sin el debido consentimiento.
Desde la perspectiva de la protección de datos y el derecho a la intimidad, la normativa es taxativa. El artículo 18 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) prohíben la captación de imágenes de personas en ámbitos privados sin su autorización. En el caso de drones equipados con cámaras, la acción se tipifica como una intromisión en la vida privada; no obstante, incluso si el dispositivo carece de equipo de grabación, su presencia estática o recurrente puede ser considerada una conducta de acoso.
Asimismo, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula la convivencia en los núcleos residenciales. El artículo 7.2 de esta ley prohíbe tanto al propietario como al ocupante desarrollar actividades que resulten molestas, dañosas o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades ilícitas. El vuelo recurrente de drones sobre zonas comunes o privadas es susceptible de ser denunciado bajo este precepto por menoscabar el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos.
A nivel regulatorio, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 marcan las directrices de seguridad para el control de estas aeronaves. Estas normativas subrayan la obligación de respetar la privacidad y la seguridad de la ciudadanía en todo momento, independientemente del peso del dron, aunque existan flexibilizaciones técnicas para dispositivos de menos de 250 gramos.
Ante una vulneración de estos derechos, los ciudadanos disponen de tres vías de actuación: la notificación interna a la presidencia de la comunidad de propietarios bajo la LPH; la interposición de una denuncia ante la AESA por incumplimiento de las normas de navegación aérea; y, en caso de captación de imágenes, la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo con potestad para imponer sanciones administrativas de cuantía elevada.
