Ibiza ejecuta el sexto desalojo de asentamientos irregulares en plena crisis de vivienda
La comitiva judicial, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, tiene previsto ejecutar este miércoles el desalojo de un asentamiento de caravanas, chabolas y tiendas de campaña situado en la capital de Ibiza. El operativo se desarrolla en un solar propiedad de la empresa Inmo Sirenis y otros dos particulares, ubicado estratégicamente entre el estadio de fútbol y la carretera de circunvalación, en un contexto marcado por el inicio de la temporada turística y la persistente dificultad de acceso a la vivienda en la isla.
Este lanzamiento judicial constituye la sexta intervención de este tipo en Ibiza desde el año 2024. Se suma a los recientes desmantelamientos de los núcleos de Can Rova I y II, Sa Carroca, Es Gorg y, más recientemente, Sa Joveria. En este último emplazamiento, desmantelado la semana pasada por orden del Ayuntamiento de Ibiza, llegaron a residir hasta 400 personas durante la pasada temporada estival.
El dispositivo policial para el desalojo de este miércoles ha sido coordinado en función de las necesidades previstas por la autoridad judicial, según ha confirmado Mariano Ramón Suñer, abogado de la propiedad. Aunque el solar llegó a albergar a 80 personas, durante los últimos días la cifra de ocupantes se redujo a una decena, después de que la mayoría de los residentes abandonaran el lugar voluntariamente ante la inminencia del desalojo y la reincorporación a sus puestos de trabajo estacionales.
Los testimonios de los afectados reflejan una problemática estructural que afecta a trabajadores de sectores como la construcción y la hostelería. Residentes como Julio Lambaré y Ceferina Florenciano, operarios de la construcción y servicios de limpieza respectivamente, han manifestado la imposibilidad de costear los precios actuales del mercado inmobiliario ibicenco. Según denuncian, el coste de una habitación individual es inasumible para salarios medios, lo que empuja a trabajadores en activo a la infravivienda o a la pernoctación en vehículos.
La situación de los ocupantes se caracteriza por la itinerancia entre distintos asentamientos. Algunos de los residentes actuales proceden de desalojos previos, como el de Can Rova II ejecutado el pasado mes de abril. Los afectados han trasladado sus demandas a las administraciones públicas, solicitando espacios habilitados para la instalación de caravanas con servicios básicos a cambio de un alquiler social, como alternativa frente a la precariedad de los pisos compartidos y el abuso en los precios de subarrendamiento.
Tras la ejecución del lanzamiento y la retirada de las últimas pertenencias por parte de los ocupantes, la propiedad asumirá la limpieza y el desescombro del terreno. En el solar aún permanecen restos de estructuras precarias y residuos acumulados. Este nuevo desalojo subraya la tensión entre la actividad turística, motor económico de la región, y la falta de infraestructuras residenciales para la mano de obra necesaria para sostener dicha industria.
