El Gobierno califica de «mentira» el testimonio de Aldama y reafirma su tranquilidad institucional

El Ejecutivo central ha manifestado este miércoles su «total tranquilidad» ante la declaración judicial de Víctor de Aldama, principal investigado en la causa por el presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia. Fuentes gubernamentales han restado credibilidad a las acusaciones vertidas por el empresario ante el Tribunal Supremo, calificándolo de «gran mentiroso» y recordando que, en su condición de investigado, le asiste el derecho legal a no decir la verdad en sede judicial.

Durante su comparecencia en el proceso que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, Aldama ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El empresario ha situado al jefe del Ejecutivo en el escalafón más alto de lo que ha definido como una «banda organizada», asegurando que los ministros atendían las peticiones de Koldo García bajo la premisa de que actuaba bajo las directrices directas de la Presidencia.

En su relato ante el juez, Aldama ha afirmado que el nombramiento de Koldo García en el Ministerio de Transportes se produjo a instancias del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras no haber sido posible su encaje en la estructura del Palacio de la Moncloa. Estas declaraciones buscan vincular la gestión de la trama bajo investigación con la alta dirección del Partido Socialista y la jefatura del Gobierno.

Desde el entorno del Gabinete han incidido en que la estrategia de Aldama carece de fundamento veraz. El Gobierno subraya que el ordenamiento jurídico español permite a los acusados faltar a la verdad como parte de su derecho de defensa y recalcan que no existen pruebas que sustenten las afirmaciones del empresario. Esta respuesta institucional refuerza la posición mantenida por Pedro Sánchez, quien el pasado 30 de octubre negó cualquier tipo de relación o reunión con el investigado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

La causa judicial continúa su trámite en el Tribunal Supremo para esclarecer el presunto amaño de contratos públicos de material sanitario durante los meses más críticos de la crisis sanitaria de 2020. Por el momento, el Ejecutivo mantiene su confianza en el recorrido judicial de la investigación y descarta cualquier implicación del presidente o de su actual equipo en las operativas descritas por Víctor de Aldama.