La Comisión Europea advierte a España por el tratamiento fiscal de las viviendas de no residentes

La Comisión Europea ha remitido este miércoles un dictamen motivado a las autoridades españolas al considerar que la normativa fiscal vigente infringe el principio de libre circulación de capitales y de trabajadores. El Ejecutivo comunitario cuestiona el gravamen impuesto a los contribuyentes no residentes sobre inmuebles que constituyen su residencia habitual en España, otorgando un plazo de dos meses para que el Gobierno tome medidas antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De acuerdo con la evaluación de Bruselas, la legislación española obliga a los ciudadanos extranjeros no residentes a tributar por sus segundas residencias mediante una imputación de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), equivalente al 2% de su valor catastral. En contraste, los contribuyentes que mantienen su residencia fiscal habitual en España se encuentran exentos de este gravamen específico sobre su vivienda, lo que supone una diferencia de trato que el organismo europeo califica como discriminatoria.

Los servicios jurídicos de la Unión Europea sostienen que estas normas impositivas afectan directamente a la libre circulación de trabajadores y de capitales, pilares fundamentales del mercado único. El procedimiento sancionador contra España se inició tras una primera fase de investigación que no arrojó los resultados esperados por las autoridades comunitarias, lo que ha derivado en la actual notificación formal por parte de la Comisión.

Este dictamen motivado representa el segundo paso en el procedimiento de infracción. El Estado español dispone ahora de un periodo de sesenta días para abordar las irregularidades señaladas y presentar una solución legislativa o administrativa que alinee la tributación nacional con los tratados europeos.

En el caso de que no se produzca una respuesta satisfactoria en el plazo estipulado, la Comisión Europea ha advertido en un comunicado oficial que podrá avanzar hacia la fase final del procedimiento. Esta etapa consistiría en la denuncia formal del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, lo que podría derivar en sanciones económicas si se confirma el incumplimiento del derecho comunitario.