La formación política Vox ha reforzado sus protocolos de seguridad internos ante el inicio de la campaña electoral en Andalucía, estableciendo un sistema de monitorización permanente en redes sociales para identificar posibles riesgos contra sus candidatos y simpatizantes. Según fuentes internas de la organización, un equipo técnico trabaja de forma ininterrumpida con el objetivo de detectar amenazas coordinadas que puedan interferir en el desarrollo de sus actos públicos y garantizar lo que denominan la «normalidad democrática» del proceso electoral.
Esta decisión se produce tras una serie de incidentes registrados recientemente en diversas localidades de Cataluña. Durante la festividad de Sant Jordi, los diputados Mónica Lora, Júlia Calvet y Manuel Acosta denunciaron haber sido objeto de agresiones en Mataró, Barcelona y Sabadell, respectivamente. Desde la dirección del partido se señala la existencia de una presunta estrategia organizada por colectivos de extrema izquierda para obstaculizar su presencia en los espacios públicos mediante tácticas de coacción.
Ante esta situación, Vox ha solicitado formalmente el amparo del Ministerio del Interior y de las delegaciones del Gobierno en las distintas provincias andaluzas. La formación considera que la campaña en esta comunidad es un punto «especialmente sensible», citando episodios previos de tensión en ciudades como Granada y Cádiz durante la precampaña. El presidente del partido, Santiago Abascal, ha calificado estos intentos de boicot como un «delito electoral» y ha exigido a las autoridades competentes una mayor implicación para salvaguardar los derechos fundamentales de sus votantes.
El portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, ha advertido sobre el surgimiento de una «espiral de violencia política» en el país. Según Fúster, los actos de hostigamiento son consecuencia directa de un discurso de deslegitimación mantenido por otras fuerzas políticas. En esta misma línea, el partido sostiene que la seguridad debe ser garantizada por los poderes públicos para evitar que el ejercicio de la actividad política se vea condicionado por lo que describen como «matonismo político».
En el ámbito institucional, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, denunció ante el Parlamento de Cataluña la difusión de un manual elaborado por la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP. Según Garriga, dicho documento contiene instrucciones detalladas para realizar acciones de boicot, intimidación y seguimiento contra los afiliados de su formación y de otras siglas como Aliança Catalana. El partido atribuye la difusión de estas guías a un clima de permisividad fomentado, a su juicio, por determinadas administraciones públicas.
La formación ha reiterado que las amenazas detectadas a través de su propio rastreo digital están siendo comunicadas sistemáticamente a la Dirección General de Seguridad. Con estas medidas, Vox busca asegurar que la campaña electoral en Andalucía se desarrolle en condiciones de igualdad y libertad, reclamando una condena unánime de cualquier forma de violencia que atente contra la representación política legítima en las instituciones.
