Interior ha contratado a 58 médicos sin especialidad para centros penitenciarios en los últimos tres años
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha formalizado la contratación de 58 médicos interinos que carecen del título de especialista (MIR) durante el último trienio. Según consta en una resolución de Transparencia firmada por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, estas incorporaciones se justifican oficialmente bajo el marco de programas de prevención y asistencia sanitaria integral en el ámbito penitenciario.
La resolución administrativa sostiene que el personal facultativo sin especialidad desarrolla funciones vinculadas a la educación para la salud, higiene y prevención de patologías infectocontagiosas prevalentes, como el VIH, la tuberculosis o las infecciones de transmisión sexual. No obstante, diversos sectores profesionales denuncian que estos facultativos estarían asumiendo en la práctica funciones de médicos especialistas, incluyendo el diagnóstico, la prescripción de medicación y la cobertura de guardias médicas.
Esta presunta asignación de tareas contravendría la normativa que regula las profesiones sanitarias en España, la cual establece que para ejercer la medicina en el marco de las instituciones públicas es preceptivo estar en posesión del título de especialista. Fuentes penitenciarias indican que el uso de interinos bajo epígrafes de «programas de salud» responde a un intento de mitigar la carencia estructural de personal, aunque advierten de que esto podría generar inseguridad jurídica y un menoscabo en la calidad asistencial.
La situación de la sanidad penitenciaria refleja una coyuntura crítica, con solo el 30% de las plazas de médico cubiertas en los cerca de 80 centros dependientes de la Administración General del Estado. Actualmente, 152 médicos son los encargados de prestar servicio a la totalidad de la población reclusa bajo competencia de Interior. Esta escasez es especialmente aguda en centros como Villena (Alicante) y Valdemoro (Madrid), donde la presencia de facultativos es mínima.
El déficit de profesionales se atribuye, según el colectivo médico afectado, a la precariedad de las condiciones laborales y salariales en comparación con los servicios de salud de las comunidades autónomas. Mientras que en Cataluña, con competencias transferidas, se ofrecen complementos que incentivan la ocupación de plazas, en los centros estatales se reportan retribuciones por guardias significativamente inferiores a la media del sector público sanitario.
El Defensor del Pueblo ha emitido alertas recurrentes sobre esta problemática. En su último informe anual, la institución dirigida por Ángel Gabilondo ha criticado la distribución de turnos y el uso extensivo de la telemedicina como medidas paliativas ante la falta de personal presencial. La falta de médicos en centros de referencia como Estremera, Soto del Real, Topas o Las Palmas subraya la dificultad del Ministerio para cubrir vacantes mediante los cauces ordinarios de especialización.
