Ábalos defiende su honorabilidad ante el Supremo y cuestiona la cuantía de los fondos atribuidos por la UCO
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo para negar la existencia de un beneficio económico ilícito derivado de la denominada trama de las mascarillas. Durante su declaración, el exdirigente socialista ha sostenido que no existe rastro de las supuestas «mordidas» y ha calificado de insuficiente el montante de 95.000 euros en efectivo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado como de origen desconocido en un periodo de diez años. Ábalos, que se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de prisión, ha argumentado que dicha cantidad resulta incompatible con la magnitud del caso de corrupción investigado.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha rebatido los argumentos del acusado señalando que la falta de acumulación de patrimonio no exime de responsabilidad, al afirmar que «el dinero también se puede gastar». El Ministerio Público ha incidido en que los informes policiales detectaron pagos por valor de 95.437 euros sin rastro bancario, de los cuales 20.799 euros corresponderían a gastos personales con cargo a fuentes de ingresos no declaradas. Según la investigación, parte de estos fondos habrían tenido como destinatarios a su exmujer, sus hijos y sus parejas en aquel momento.
Ábalos ha puesto en duda el rigor de los informes patrimoniales y ha denunciado lo que considera una «investigación prospectiva» iniciada en 2022. En su defensa, ha explicado que la ausencia de reintegros de efectivo en sus cuentas bancarias durante su etapa como ministro se debió a que sus gastos de representación, manutención y traslados estaban cubiertos por el Ministerio de Transportes. «Me recogían en el Ministerio, el café no me costaba nada y no usaba vehículo particular», ha detallado para justificar su escasa necesidad de liquidez bancaria entre los años 2018 y 2023.
Respecto a los ingresos en efectivo mencionados por la fiscalía, el exministro ha reconocido haber recibido ayuda económica de su hijo, Víctor Ábalos, debido a la pérdida de ingresos e indemnizaciones tras su salida del Gobierno. Asimismo, ha reprochado a los investigadores que no hayan integrado en el análisis patrimonial los ingresos de su exesposa, funcionaria de policía, ni los pagos de alquiler que recibía de su antiguo asesor, Koldo García, los cuales ascenderían a unos 7.600 euros anuales.
El exministro ha endurecido su crítica contra la UCO, acusándola de vulnerar sus derechos mediante la interceptación de comunicaciones privadas y la difusión de datos íntimos de su familia. Ábalos ha recordado errores previos en la instrucción, como la valoración de una propiedad en Colombia que inicialmente fue cifrada por los agentes en 2,1 millones de euros y que posteriormente se matizó que su valor real era de unos 751 euros. Para el acusado, estos episodios evidencian un «sesgo permanente» en las pesquisas policiales.
La declaración también ha abordado las conversaciones interceptadas a Koldo García, en las que el asesor sugería que Ábalos habría gastado sumas elevadas de dinero en cortos periodos de tiempo. El exministro ha desmarcado su responsabilidad de dichas afirmaciones y ha insistido en que, de haber existido un botín millonario, los cuatro años de investigación habrían bastado para localizar cuentas o fondos en el extranjero. El proceso judicial continuará en las próximas sesiones con el interrogatorio de otros acusados, entre ellos Víctor de Aldama, cuya defensa también mantiene estrategias contrapuestas sobre el origen del dinero.
